Pérez Dolset dice que pagó 2,1 millones a 'La Razón' a cambio de la influencia política de Casals

El expresidente de la compañía ZED, pionera en el mundo tecnológico en España, Javier Pérez Dolset reconoció ante la Fiscalía Anticorrupción haber pagado 2,1 millones de euros entre 2009 y 2013 por las influencias políticas del presidente de La Razón y hombre fuerte del grupo Atresmedia, Mauricio Casals. Según su testimonio, su empresa consiguió hasta 69,3 millones de euros de financiación pública -subvenciones y créditos- bajo el asesoramiento de Planeta.

Según consta en las actuaciones, Pérez Dolset -detenido este miércoles por orden de la Fiscalía Anticorrupción- denunció que Casals tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas.

Para demostrar tales afirmaciones, el expropietario de ZED aportó a los investigadores correos electrónicos y facturas, de los que se desprende que Casals “ofrecía su influencia política” a través de sus supuestos contactos y posición social. También ofrecía su capacidad de gestión en la línea editorial de los informativos de Antena 3 y La Sexta y la dirección de La Razón y otros medios de prensa escrita.

Por estas labores de “asesoramiento y relaciones institucionales” para la obtención de ayudas públicas, principalmente desde el Ministerio de Industria y el de Economía, el Grupo ZED pagó a la sociedad Audiovisual Española 2000 SL (editora de La Razón) un total de 2.125.000 euros entre los años 2009 y 2013.

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Facturas por “análisis del mercado”

Desde La Razón se sostiene que esos pagos se deben a contratos de publicidad entre ZED y el medio de comunicación. Es decir, que el grupo de tecnología habría pagado por anunciarse en el diario que dirige Francisco Marhuenda.

Sin embargo, el concepto de las facturas es el de “Análisis del mercado audiovisual actual, nacional e internacional. Colaboración en el desarrollado de nuevos formatos de televisión y sus estrategias de comercialización global, susceptibles de ser utilizados conjuntamente con telefonía móvil e Internet”, según consta en la factura a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Para los investigadores, este concepto nada tiene que ver con pagos por publicidad y podría indicar que efectivamente, Casals, a través de su periódico, 'vendía' su influencia con el poder para conseguir contratos públicos.

Concretamente, ZED consiguió 48,8 millones de euros entre 2011 y 2015 de fondos públicos procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, divididos en 4,6 millones de euros en subvenciones y 44,1 en préstamos. Se obtuvieron a través de ocho programas de ayudas ofertadas por la Secretaría.

En las memorias de estos proyectos faltan elementos esenciales como los medios materiales y humanos empleados o los costes repercutidos al proyecto. En los proyectos aparecen personas que presuntamente no tuvieron participación en los trabajos, carecían de la cualificación reseñada o cumplían funciones totalmente ajenas a las indicadas en las memorias.

Por parte del Ministerio de Economía, ZED recibió 6,5 millones de euros procedentes de tres programas. Asimismo, recibió fondos del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente de Economía, por un importe de 4,9 millones de euros; así como 7,6 millones de euros de la Asociación Madrid Networks, dependiente de la Comunidad de Madrid; y 1,1 millón de euros por parte de la Unión Europea.

La Fiscalía Anticorrupción y la Policía han recabado evidencias para afirmar de manera indiciaria que desde el Grupo ZED se elaboraron proyectos “expresamente creados para su presentación ante las administraciones públicas con el exclusivo propósito de obtener ilícitamente recursos públicos”.

“Maquillar expedientes”

La operativa era la elaboración de memorias justificativas que exponían actividades ficticias adaptadas a las bases de las convocatorias públicas de subvenciones para proyectos de Innovación y Desarrollo. Para ello, utilizaron a personar para “vestir tecnológicamente” los proyectos y así “maquillar ilícitamente los expedientes”.

La investigación seguida por la Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) de la Policía sospecha que ZED pudo conseguir todo ese dinero público por la intermediación de Casals en determinados cargos públicos. Por esa razón, la querella presentada por la Fiscalía se dirige contra las personas físicas con capacidad de decisión o de realizar aportaciones necesarias en el fraude de subvenciones “y que estuviesen integradas en organismos públicos de ámbito estatal como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Economía, además de en centros dependientes de la Comunidad de Madrid y del CDTI”.

Casals, señalado por coacciones

La última operación policial ha vuelto a poner de manifiesto las maniobras de “presión” presuntamente utilizadas por el hombre fuerte de Atresmedia, Mauricio Casals, para conseguir paralizar denuncias que puedan afectar a su entorno. Ya se le investigó por coaccionar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aunque finalmente se le archivó la causa, de manera provisional, dado que la dirigente 'popular' negó los extremos a pesar de las grabaciones telefónicas intervenidas en Lezo que venían a reconocer tales presiones y amenazas con campañas de desprestigio.

Ahora, en el marco de la Operación Hanta, Pérez Dolset denunció ante la Policía el pasado 28 de abril que estaba sufriendo presiones por parte de Casals. Según el empresario, "le intimidó con verter informaciones negativas" sobre Pérez Dolset en diversos medios del grupo Atresmedia si comunicaba a las autoridades hechos irregulares o ilícitos del Grupo Planeta.

Según su relato, estas presiones se incrementaron tras la detención del administrador de Zed+ tras el concurso de acreedores, Peter Wakkie, el pasado mes de enero por orden de Anticorrupción por esta investigación. Según Pérez Dolset, Casals hizo que se publicaran informaciones “negativas y falsas” sobre él en diversos medios, como La Razón, El Periódico de Cataluña o Vozpópuli.