Luzón, fiscal de las black, Bankia y Alierta, probable jefe anticorrupción

Alejandro Luzón, de 53 años recién cumplidos, puede convertirse este miércoles en el nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción, órgano del que formó parte desde su creación en 1995 y en el que permaneció hasta 2015. Veinte años durante los que logró la condena del exdirector general de la Policía Luis Roldán por el desfalco de fondos reservados del Ministerio del Interior; acusó sin titubeos al empresario más poderoso de España, César Alierta, por lucrarse gracias a información privilegiada; ha sostenido con éxito la condena de todos los acusados por las tarjetas black en la Audiencia Nacional y acaba de pedir cinco años de prisión para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por la salida a bolsa de Bankia.

Luzón, hijo y hermano de fiscales (su padre, José María Luzón, llegó a ser teniente fiscal del Tribunal Supremo, el número dos de la carrera fiscal), va a ser el candidato apoyado por la mayoritaria Asociación de Fiscales. A la AF pertenecen seis de los nueve vocales electos del Consejo Fiscal, órgano que debe informar este miércoles el nombramiento.

También recibirá previsiblemente los votos del teniente fiscal, Luis Navajas, y del fiscal inspector, Fausto Cartagena, que ya le apoyaron el pasado 22 de febrero para dirigir Anticorrupción. En aquel momento los vocales de la AF respaldaron a Manuel Moix, el candidato que prefería el fiscal general, José Manuel Maza, y que dimitió el pasado junio por la polémica desatada tras conocerse que heredó de su padre una sociedad en Panamá, declarada a Hacienda.

Con semejante nivel de apoyo de vocales electos e institucionales, Maza tendría difícil justificar la elección de María Ángeles Montes, actualmente destinada en la Fiscalía del Supremo y que fue la primera mujer en dirigir una Fiscalía Superior, la del País Vasco. Su irrupción en el concurso para ser fiscal jefe anticorrupción, que no solicitó en febrero, ha hecho pensar en una candidatura inspirada desde la Fiscalía General. Fuentes del Consejo afirman, sin embargo, que, probablemente debido a su desconocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, el proyecto de actuación que ha presentado es "poco concreto y demasiado general".

Pedro Crespo, fiscal jefe de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo, será el candidato apoyado por los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales. Está considerado una de las mejores cabezas de la carrera fiscal, con una competencia técnica extraordinaria y un nivel jurídico fuera de toda duda. Su ascenso a fiscal de Sala, primera categoría de la carrera, de la mano del ex fiscal general Cándido Conde-Pumpido, con el Gobierno del PSOE, puede representar un obstáculo para que Maza deposite en él su confianza a la hora de desempeñar un cargo de alto voltaje por la repercusión política de las investigaciones anticorrupción.

El programa de Luzón

Los representantes de la UPF se inclinarán ahora por Crespo pese a que en febrero dos de ellos votaron a Luzón. Éste puede ser considerado, así, un candidato aceptable por todas las sensibilidades asociativas, sin pertenecer a ninguna de ellas.

Luzón ingresó por oposición en la carrera fiscal en 1989 y, salvo una etapa inicial en las Fiscalías de Toledo y Madrid, siempre ha estado destinado en Anticorrupción. En enero de 2015 fue designado teniente fiscal de la secretaría técnica del fiscal general.

En su programa de actuación, conocido por EL ESPAÑOL, Luzón se refiere de forma reiterada a la necesidad de lograr ser eficientes en la tramitación de los procesos sobre corrupción, "reforzando el proceso de control".

La excesiva duración de los procesos es uno de los talones de Aquiles de esa Fiscalía especializada. Luzón admite que la carga de trabajo creciente la ha colocado en una "situación próxima a la saturación, con el riesgo cierto de caer en la ineficacia".

Afirma por ello que, de no producirse el necesario incremento de la plantilla de la Fiscalía, la característica de la "especial trascendencia" que han de tener los asuntos que se le encomiendan "habrá de apreciarse en el futuro con especial rigor, atendiendo a los casos que verdaderamente justifiquen su intervención".

A su juicio, "abreviar la tramitación de las causas es uno de los principales retos pendientes en la Fiscalía Anticorrupción". 

"Es posible acortar la duración de los procedimientos mediante su adecuado seguimiento y control", expone en su programa, "evitando agotar la instrucción con diligencias que se pueden practicar, en su caso, en el juicio oral y renunciando a líneas de investigación colaterales a los hechos investigados que demoran la conclusión del procedimiento sin aportar valor a la acusación".

El documento también se refiere a la política de comunicación de la Fiscalía Anticorrupción, señalando que "es esencial cuidar al máximo la procedencia y oportunidad de las comunicaciones, evitando las eufemísticamente llamadas 'filtraciones' de 'fuentes próximas a la Fiscalía' que facilitan a los medios de comunicación información secreta o reservada o, sencillamente, actuaciones, posiciones o discrepancias en el seno de la Fiscalía que deben quedar fuera del conocimiento público".