Los esquemas de financiación irregular o de amaños se repiten una y otra vez en los casos de corrupción vinculados al Partido Popular y que se investigan en varios juzgados. Diversos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Francisco Granados o Ignacio González, habrían utilizado, según diversas investigaciones, empresas públicas controladas de facto por ellos, como puede ser Arpegio en el caso del primero o el Canal de Isabel II respecto del segundo, para el beneficio de personas o empresas de su confianza o en su beneficio propio.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sospecha que quien fuera consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre, Francisco Granados -en libertad tras pasar dos años y medio en prisión preventiva- utilizó la empresa pública Arpegio para amañar contratos y recibir comisiones a cambio o favorecer a personas concretas.

Los investigadores analizan pagos de Arpegio a la Fundación Humanismo y Democracia, vinculada oficialmente al Partido Popular tras la ruptura con FAES, presidida por José María Aznar. Eloy Velasco -recientemente sustituido por Manuel García Castellón- requirió de manera “inmediata” a Arpegio que entregara a la Guardia Civil los justificantes de pago de 81.000 euros a esta fundación por parte de la empresa pública. Se trata de una entidad presidida por Rafael Rodríguez-Ponga, exdiputado del PP y secretario general del Instituto Cervantes.

En esta misma causa se investiga la utilización de otra fundación, Fundescam, vinculada al PP de Madrid, para el pago de sus campañas electorales de manera irregular y sin el conocimiento del Tribunal de Cuentas. En este caso se analiza si empresarios, como Arturo Fernández, donó dinero a esta fundación vinculada a Esperanza Aguirre, para, a cambio, recibir adjudicaciones públicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, el dinero de las donaciones se utilizaría para financiar las campañas del partido regional.

“Plan criminal” de Granados

Ahora, los investigadores han descubierto que desde Arpegio también se han realizado pagos a una fundación vinculada al PP. Además, también hay pagos al exdiputado 'popular' Pedro Gómez de la Serna, investigado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, por utilizar, junto al exembajador Gustavo de Arístegui, sus influencias para obtener contratos y comisiones a cambio de acelerar procesos de adjudicación.

Según los apuntes que obran en la causa, De la Serna habría recibidos diversos pagos, entre 2.400 y 3.000 euros cada uno, entre los años 2007 a 2011 y por una suma total de 155.225 euros. El juez quiere conocer el objeto de esos pagos y si están justificados.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Granados lideró un “plan criminal” para amañar contratos de proyectos urbanísticos por valor de 3.000 millones de euros a través de Arpegio, dependiente de la Comunidad de Madrid. Para poder amañar esos contratos, desde la Comunidad de Madrid se le concedieron unas competencias a Arpegio de las que no disponía antes, sólo para poder eludir los controles.

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