Sociedad Civil Catalana, la organización que ha propiciado la apertura de una investigación en el Tribunal de Cuentas contra Artur Mas por el empleo de fondos públicos en la consulta ilegal del 9N, ha presentado un escrito de ampliación de su denuncia con el fin de que se identifique a los interventores que dieron luz verde a los gastos de la votación, que cifra en 5,1 millones de euros.
El pasado 18 de mayo Sociedad Civil Catalana presentó una denuncia en el órgano fiscalizador de las cuentas públicas contra el expresidente de la Generalitat, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau para que respondan personalmente por el coste del 9N. Todos ellos han sido condenados por desobediencia al Tribunal Constitucional, que había suspendido la realización de la consulta.
La investigación del Tribunal de Cuentas se acaba de iniciar esta semana, después de que la consejera Margarita Mariscal de Gante haya propuesto el nombramiento de un instructor.
En la ampliación de la denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Sociedad Civil Catalana pone el punto de mira de la investigación no ya sólo en los dirigentes políticos sino también en los interventores sin cuyas firmas los gastos del 9N no hubieran podido realizarse.
Señalados por la Generalitat
En realidad, explica el escrito, ha sido la propia Generalitat la que ha apuntado hacia esos funcionarios al tratar de exonerar a Mas, Rigau, Ortega y Homs con el argumento de que la firma de los interventores avalaba la legalidad de los pagos.
En unas alegaciones presentadas el 13 de junio en las que pidió el archivo de la denuncia, los servicios jurídicos de la Generalitat afirmó que los gastos del 9N fueron "intervenidos y aprobados" por los interventores delegados de los distintos departamentos implicados.
Para Sociedad Civil Catalana, la Generalitat viene a esgrimir que "el 'nihil obstat' [no hay objeción] de los funcionarios garantizaba la legalidad de las decisiones de gasto ordenadas por los denunciados, quedando de esa forma justificadas".
En apoyo de esa alegación -"que exculpa a los denunciados tanto como compromete y eventualmente inculpa a los funcionarios señalados", indica la ampliación de la denuncia-, los abogados de la Generalitat presentaron certificaciones firmadas por Francesc Esteve (secretario general de Gobernación hasta su reciente nombramiento como director del gabinete jurídico de la Generalitat) , María Jesús Mier (secretaria general de Enseñanza hasta su dimisión este jueves), Ignasi Genovés (director general de difusión en Presidencia), Josep María Jové (secretario general de Economía) y Jaume Domingo (director general del Diario Oficial de la Generalitat). Según esas certificaciones, "todos los expedientes administrativos" relacionados con la consulta independentista del 9N fueron "debidamente fiscalizados por la intervención delegada del departamento".
Diligencias
A la vista de esos documentos, Sociedad Civil Catalana pide al Tribunal de Cuentas que reclame "los informes de intervención y fiscalización aludidos", los "documentos internos o preparatorios que se emitieron para justificar la necesidad e idoneidad de cada uno de los contratos para el cumplimiento de los fines institucionales propios del órgano de contratación" y la relación de documentos e información, escrita o verbal, que se facilitó a los interventores para emitir sus informes, "bien por sus superiores jerárquicos, bien por los propios órganos de contratación, así como la identificación de quién o quiénes y en qué fechas se la facilitaron".
El escrito sostiene que esas diligencias se justifican "en lo que la propia Generalitat ha manifestado para exculpar a los denunciados" y tienen por finalidad "identificar a los interventores firmantes y, eventualmente, solicitar las responsabilidades que procedan si, por dolo o negligencia en el cumplimiento de sus deberes profesionales, hubiesen dado ocasión, directa o indirecta, a que los caudales públicos resulten menoscabados".
Sociedad Civil Catalana también cree necesario verificar a través de esas diligencias "la corrección del procedimiento empleado por los órganos de contratación y superiores jerárquicos para obtener de los interventores los informes favorables a las decisiones de gasto investigadas".
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