La Sala Penal del Supremo ha enviado un oficio a la Audiencia Nacional "a fin de que se proceda a la extinción de la responsabilidad penal" de Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, por el caso de las tarjetas black.
Blesa se quitó la vida el pasado 20 de julio y dejó abiertos tres procedimientos penales. El más avanzado de ellos está en el Tribunal Supremo, que tiene pendiente resolver los recursos de casación interpuestos por los condenados por la apropiación indebida de un total de 12,5 millones empleados por consejeros y directivos de Caja Madrid en gastos personales pagados con tarjetas proporcionadas por la entidad. Blesa, al que la Audiencia Nacional impuso seis años de cárcel, fue también condenado a responder conjunta y solidariamente con el resto de los condenados de la detracción indebida de esos fondos.
La familia del exbanquero solicitó la semana pasada al Supremo que dicte una resolución por la que "acuerde declarar la extinción de toda eventual responsabilidad penal y de la propia acción penal por los hechos" relacionados con las tarjetas black. El Supremo, no obstante, no puede extinguir directamente la responsabilidad penal de Blesa ya que es la Audiencia Nacional, que le juzgó en la primera instancia, la que debe hacerlo.
La letrada de la Administración de Justicia de la Sala Penal ha dictado, por ello, una diligencia de ordenación acordando dirigir un oficio a la Audiencia Nacional "a fin de que se proceda a la extinción de la responsabilidad penal del reo y, verificado, se comunique a esta Sala al objeto del archivo de la causa" respecto a Blesa exclusivamente. Los hechos relativos al uso y autorización de las tarjetas black quedan, así, imprejuzgados para Miguel Blesa, y la responsabilidad civil derivada del delito tampoco podrá ser declarada.
No obstante, quienes se consideren perjudicados podrían iniciar acciones civiles autónomas (no derivadas de la responsabilidad penal) ante los tribunales del orden civil con el fin de reclamar el resarcimiento de los daños causados por la gestión de Blesa. En el caso de las tarjetas black, la acción civil podría ser emprendida por el Frob o Bankia y dirigirse contra los herederos del patrimonio del exbanquero.