Maza ordena a los Mossos detener a los alcaldes pro-referéndum que no comparezcan a declarar

La instrucción dictada este miércoles por el fiscal general, José Manuel Maza, para que los fiscales jefes provinciales de Cataluña abran diligencias investigación a los alcaldes dispuestos a ceder locales para el referéndum ilegal del 1-O incluye la previsión de que se ordene la detención de los regidores que no atiendan la citación a declarar que va a cursar la Fiscalía.

La instrucción supondrá una prueba de fuego para los Mossos d'Esquadra, a los que se encomienda el arresto de los alcaldes que desoigan la comparecencia.

"Intereso que se proceda, en el caso de que el alcalde no comparezca, a acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el caso más breve posible", señala el documento firmado este miércoles por Maza.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que en el acto de apertura del año judicial el pasado día 5 prometió una respuesta "firme y enérgica" al desafío separatista, ha dado instrucciones a los jefes de las Fiscalías de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona para que abran diligencias de investigación a los más de 700 alcaldes que han anunciado que cederán locales para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Maza quiere que los fiscales jefes provinciales llamen a declarar a los regidores que, de acuerdo con la relación publicada por la Asociación de Municipios por la Independencia, aseguran que va a proporcionar medios materiales pertenecientes a los Ayuntamientos para que se celebre la votación independentista.

"No tenemos nada que esconder"

A fecha del martes, el número de alcaldes pro-referéndum ascendía a 712. Las asociaciones que agrupan a estos regidores aseguran que "irán a declarar, porque no tienen nada que esconder" y han anunciado un acto de protesta para este sábado en la plaza Sant Jaume de Barcelona al calificar la situación de muy grave. 

La citación, uno a uno, a todos los alcaldes incluidos en la lista de la AMI se hace con la indicación de que deben ir acompañados de letrado y podrían adoptarse medidas si alguno de ellos se negase a atender el llamamiento del Ministerio Público.

La Fiscalía considera que poner medios municipales al servicio de una actuación ilegal puede constituir al menos un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, institución que de forma reiterada ha indicado que la hoja de ruta soberanista viola la Constitución.

Desde que el pasado día 6, fecha a partir de la cual se han aprobado las leyes de referéndum y transitoriedad y se ha convocado la consulta secesionista, la Fiscalía ha interpuesto su primera querella contra el Gobierno de Puigdemont y la tercera contra Carme Forcadell y varios miembros de la Mesa del Parlamento catalán.

También ha dado instrucciones concretas a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que eviten los actos de preparación y celebración de la votación. A ello se suma ahora la actuación sobre los alcaldes que colaboran en el proceso soberanista.