Las flores de la amenaza

El gesto de mi interlocutor expresa lo que que es un clamor entre los jueces: descargar en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en el Tribunal Constitucional el grueso de la contestación a la secesión de Cataluña no sólo es escurrir el bulto; es, sobre todo, una estrategia equivocada por incompleta. Las respuestas judiciales no lo pueden todo. Deberían haber ido acompañadas -hace mucho tiempo- de medidas políticas y sociales que incidan en el relato instalado en Cataluña sobre la realidad de este territorio (por ejemplo, cómo gestionaría su independencia una comunidad próxima a la insolvencia, con una deuda de 76.727 millones, el 35,4% de su PIB), su nivel de autogobierno, su sistema educativo o su relación con el resto de España.

Situar al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional en primera línea de fuego dice también mucho de la concepción instrumental y utilitarista que el Gobierno (todos los Gobiernos, me temo) tienen de estas instituciones axiales. Al Ejecutivo le importa entre cero y nada el coste que su estrategia conlleva para jueces, fiscales y magistrados del TC, para su imprescindible auctoritas (constantemente burlada por los independentistas) y para la percepción de su imparcialidad.

Está fuera de duda que todos ellos harán su trabajo. Pero sepamos que el cumplimiento de sus funciones les está situando en encrucijadas para las que necesitan ser no ya profesionales del Derecho sino héroes. Los jueces y fiscales que trabajan en Cataluña están sometidos a un nivel de presión, incertidumbre y desasosiego difícilmente soportable. Esto explica que el juez de instrucción número 13 de Barcelona, que lleva siete meses investigando con una dedicación encomiable los preparativos del referéndum (a él se deben las autorizaciones que han permitido incautar las papeletas y cerrar las webs de la consulta), llegara a valorar la posibilidad de ordenar a la Guardia Civil que pusiera en libertad a todos los detenidos el pasado día 20 sin ni siquiera pasar por el Juzgado.

La consideración de que los agentes quedarían desautorizados, el respaldo de la Fiscalía y la entereza del juez hicieron que su decisión última fuera que los detenidos pasaran a su disposición, tras lo cual acordó la libertad con algunas medidas cautelares. Pero no pensemos que la concentración de centenares de personas a las puertas de la Ciudad de la Justicia vociferando contra la actuación judicial era una inocua manifestación del derecho a la libertad de expresión y que las flores dejadas en el mostrador del Juzgado número 13 reflejaban el mundo happy flower de ANC y Òmnium (las mismas organizaciones, por cierto, que sitiaron a los agentes durante 18 horas en la Consejería de Economía). Flores para condicionar, flores para amenazar, flores para advertir 'te tenemos en el punto de mira'. Qué buen rollito.

Resulta por eso doloroso que en las actuaciones que sí dependen del Ejecutivo se hayan perdido tantas ocasiones de armar convenientemente al Estado. La ridiculez de que se persiga a la presidenta del Parlament y al Gobierno de Puigdemont por desobediencia (pena de inhabilitación) cuando estamos ante la pretensión de desmembrar el Estado hay que cargarla en el debe particular de Rajoy, que durante cuatro años de mayoría absoluta no encontró el momento de reintroducir el delito de convocatoria ilegal de referendos (prisión de tres a cinco años e inhabilitación en la tipificación que propició Aznar). Lo peor de todo es que tuvo varias ocasiones para ello. Lo planteó UPyD en la reforma del Código Penal aprobada en 2012 y luego mediante una proposición de ley. El Gobierno, como la gallina, ha dit que no. No nos extrañemos de que ahora visca la revolució.