Hay un hombre sobre el que el próximo lunes se centrarán muchas miradas y no es Carles Puigdemont. Del presidente catalán estarán muy pendientes Gobierno y oposición, claro. Pero por motivos distintos y sin embargo relacionados, Gobierno y oposición estarán también muy atentos a lo que ese día haga José Manuel Maza. El mismo fiscal general que suscitó elogios generalizados cuando en la ceremonia de apertura del año judicial prometió una respuesta "firme y enérgica" al desafío catalán es ahora motivo de recomendaciones de "prudencia" y de consejos para que tenga en cuenta el efecto (político) de sus decisiones (jurídicas).
A las voces que susurran al oído del fiscal general les preocupa lo que pueda suceder este lunes en la Audiencia Nacional con el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, con la intendente Teresa Laplana y con los cabecillas de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los cuatro están de nuevo citados a declarar por la jueza Carmen Lamela, que aprecia indicios claros de un delito muy grave -sedición-, con evidente riesgo de reiteración y que, por todo ello, hubiera permitido la adopción de medidas cautelares severas ya en la primera comparecencia de los investigados el pasado día 6.
A los datos que contra Trapero y compañía existían entonces se ha unido ahora el aluvión de desobediencias de los mossos a la orden del Tribunal Superior de Cataluña sobre el cierre de los centros de votación el 1-O. Y además el documento encontrado por la Guardia Civil en la casa del número dos de Junqueras que delata el papel esencial de los Jordi en la agitación social a favor de la estrategia independentista. No se trataría, así, de un acto de sedición aislado (el asedio a los guardias civiles que registraron la Consejería de Economía el 20 de septiembre, origen del proceso que instruye Lamela) sino de un proyecto criminal continuado en el tiempo con el objetivo de alterar la forma de gobierno.
Pero sucede que, en contra de lo que muchos creen, el Gobierno no quiere verles en la cárcel. No ahora que procès parece una olla a presión a punto de estallar y que consellers de Puigdemont que hablan con ministros de Rajoy (los puentes no se han roto) aseguran que pelean para que el president se sacuda el lastre de la CUP y convoque elecciones. Ninguno se lo cree del todo, pero "sería horrible que ellos estén por enderezar la situación y nosotros les respondamos con encarcelamientos", alegan.
No es sólo el Gobierno. El propio líder socialista, Pedro Sánchez, se acercó a Maza durante la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real para pedirle que no sea "excesivamente duro". Lo hicieron también diputados, del PSOE y del PP.
"No se atreven a decirle lo que tiene que hacer, pero basta con las insinuaciones para que él esté harto", me dice un estrecho colaborador del fiscal general. A Maza se le ha oído decir estos días "yo soy un hombre de leyes, no un político. Me debo a la ley y al prestigio de la Fiscalía, no a los acuerdos que hayan hecho o vayan a hacer los políticos". Ocupa, sin embargo, un puesto clave en el que ningún Gobierno permite ir por libre. Veremos cómo lo gestiona alguien que lleva toda su vida siendo juez, acostumbrado a ejercer el oficio desde la independencia.
El fiscal tendrá que pronunciarse sobre las medidas cautelares cuando ya se sepa cuál es la contestación de Puigdemont al requerimiento del artículo 155 que Rajoy le envió el pasado miércoles. En cierto modo, la suerte de Trapero y los Jordi está en manos del president: en la medida en que la respuesta suponga un avance en su desafío contra la Constitución, mayor probabilidad habrá de que la Fiscalía inste la imposición de cautelares a los investigados. Pero si los indicios apuntan a que todos ellos estarían actuando dentro del mismo plan criminal de sedición o de rebelión, lo que no se entenderá entonces es que se tomen medidas contra los peones mientras el jefe de la banda sigue libre.
