El fiscal general del Estado se reunió este martes en Madrid con los cuatro fiscales jefes provinciales de Cataluña y con el fiscal jefe y el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para unificar criterios y ordenar la tramitación de las diligencias de investigación y los procedimientos judiciales abiertos en relación al proceso soberanista.
A 48 horas de que el Parlament se reúna con la expectativa de que se declare la independencia o se convoquen elecciones autonómicas, Maza citó a los fiscales jefes catalanes para expresarles su apoyo y su felicitación por el trabajo que están realizando en la defensa y aplicación de la legalidad en un territorio donde el orden constitucional está saltando por los aires. En la Fiscalía General se es consciente de la presión ambiental a la que están sometidos los jueces y los fiscales en Cataluña y valoran que estos últimos hayan cumplido con diligencia y firmeza las instrucciones impartidas por Maza.
En este momento son decenas las diligencias judiciales abiertas por hechos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O (cesión ilícita de datos, actuación de los Mossos d'Esquadra y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, utilización de menores, actuación de profesores contra hijos de guardias civiles) y cientos las diligencias de investigación iniciadas por las Fiscalías provinciales, sobre todo en relación con el comportamiento de los alcaldes. Estas últimas, que aún no se han judicializado, no se van a cerrar. Fuentes del Ministerio Público señalaron que "no nos vamos a olvidar" de los regidores que proporcionaron recursos públicos para la celebración de una votación suspendida por el Tribunal Constitucional, aunque ahora no es la prioridad.
Lo preferente es la posible querella por rebelión que la Fiscalía presentará si se produce una declaración de independencia. La querella está preparada para formalizarse, en principio, ante el Tribunal Supremo (aunque la decisión última no está tomada) y, según se comentó en la reunión de los fiscales, la idea es que arrastre a los dos procedimientos abiertos en el TSJC, uno contra el Govern y otro contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que posibilitaron la tramitación de las leyes del referéndum y de transitoriedad.
Esas dos causas penales pasarían a acumularse a la que se tramite en Madrid, descargando al TSJC de la reacción penal al proceso independentista. Todo ello dependerá de lo que Puigdemont haga en los próximos días.