La trama Gürtel tendrá una "costosa reparación social", según la Fiscalía

La Fiscal Concepción Sabadell ha terminado de exponer este martes el informe de conclusiones de la pieza del caso Gürtel que abarca los delitos de corrupción presuntamente cometidos entre los años 1999 y 2005. 

El Ministerio Público considera que los hechos de los que se acusa hasta a 37 personas han tenido "graves repercusiones en la confianza de los ciudadanos, la administración y la gestión de la contratación". "Los funcionarios y las autoridades faltaron a sus deberes éticos y profesionales, prevaricaron y dictaron resoluciones injustas siempre con base en los sobornos y además desfalcaron las arcas públicas en beneficio propio y del grupo Correa, malversando así los caudales públicos", ha concluído claramente la fiscal. 

Entre esos responsables a los que se refiere se encuentran el cabecilla de la trama, Francisco Correa, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, así como al viceconsejero de presidencia de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, y los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda. La Fiscalía también considera partícipes a título lucrativo a la exministra de Sanidad, Ana Mato, y al Partido Popular en su conjunto (no a los grupos municipales populares).

La fiscal ha defendido que los acusados "atentaron contra el Estado de Derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social". Ha calificado los hechos durante estos años de "extrema gravedad". Éste ha sido el duro alegato expuesto por la fiscal:

"No solo por la naturaleza de los hechos cometidos y el perjuicio a los fondos públicos sino porque se extendieron y enraizaron como un modo ordinario de contratación pública; durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas por el PP, en las cuales algunas de sus autoridades y cargos públicos aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían obligación de conservar, de proteger y de salvaguardar.

Los funcionarios y las autoridades faltaron a sus deberes éticos y profesionales, prevaricaron y dictaron resoluciones injustas siempre con base en los sobornos y además desfalcaron las arcas públicas en beneficio propio y del grupo Correa, malversando así los caudales públicos. Y los acusados con su reiterada actuación y penetración en la administración consiguieron que estos mecanismos viciados de toma de decisiones en los procedimientos de contratación pública se consolidaron como un problema estructural con graves repercusiones en la confianza de los ciudadanos, en la administración y la gestión de la contratación. Con su reiterada violación de los principios de equidad, integridad, responsabilidad e igualdad ante la ley en la atribución de los contratos públicos, los acusados atentaron contra el Estado de Derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social. Reiteramos que se han acreditado unos hechos de extrema gravedad merecedores de una sentencia condenatoria conforme al escrito del fiscal".