La defensa del vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, y de los exconsejeros provenientes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, ha remitido este martes un escrito al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que a partir de ahora seguirá investigando la causa del procès, para pedir la puesta en libertad de todos ellos.
En dicho escrito, Junqueras y el resto de consejeros acatan la aplicación del artículo 155 a pesar de su disconformidad con él, pero no hacen una renuncia expresa a la Declaración Unilateral de Independencia.
"Mis mandantes aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 CE en los términos que autorizó el Senado y aprobó el consejo de Ministros. Lo han hecho desde la más profunda discrepancia política y jurídica. Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos", se puede leer en el escrito enviado por el letrado Andreu Van Den Eynde a Llarena.
Sin embargo, igual que la presidenta de la mesa del Parlament, Carme Forcadell, no renunció a la Declaración Unilateral de Independencia durante su declaración en el Tribunal Supremo el pasado 9 de noviembre, Junqueras y los consejeros tampoco lo hacen. De hecho, en su escrito defienden que tan solo llevaron a cabo un "programa electoral mayoritariamente escogido por los ciudadanos" por lo que acusan a la Fiscalía de "hacer un esfuerzo para convertir en delitos de rebelión y sedición los actos que, analizados detalladamente, no son más que el legítimo ejercicio de derechos fundamentales que deberían estar protegidos en lugar de perseguidos".
Elecciones del 21D
En el escrito, Van den Eynde vuelve a incidir en la intención de los investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de participar en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, para lo que pide su salida de prisión. Considera que, por su situación en las listas electorales de ERC, "tienen muchas posibilidades de ser escogidos" por los votantes.
Vuelve a defender, igual que lo hizo en el recurso de apelación enviado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que, por la situación personal de cada uno de ellos, ya no existe riesgo de fuga ni tampoco de reiteración delictiva por su "arraigo en el territorio nacional".
Una vez más, Junqueras y los exconsejeros vuelven a negar los delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos por los que comenzaron a ser investigados en la Audiencia Nacional. En el caso de los dos primeros, defienden que "no ha habido alzamiento violento o tumultuario" en sus actuaciones durante la convocatoria y referéndum del 1 de octubre ni en la Declaración Unilateral de Independencia.
En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, vuelven a hacer alusión a que, aunque la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, acordó imponer una fianza de 6,2 millones de euros a todos los investigados, el juez del Tribunal Supremo decidió no hacerlo con los miembros de la mesa electoral que declararon el 9 de noviembre.