La revalidación de la mayoría independentista en el nuevo Parlamento de Cataluña permitirá comprobar, para desaliento de algunos y alegría de los más, que la Justicia española va a seguir funcionando, como se dice en el mus, al tran tran. Si alguien pensaba que el envide secesionista del 21-D iba a alterar el pulso al juez Llarena se daría cuenta del error en pocas horas. El instructor del Tribunal Supremo quiso dejar pasar el momento de las urnas antes de notificar – el día de la lotería nacional, qué casual ironía- la imputación del expresident Artur Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel y otros tres presuntos integrantes del llamado ‘comité estratégico’ que decidió los pasos a dar hasta la declaración unilateral de independencia. Menudo regalo recibieron justo el día que comenzaba el invierno.

Llarena tenía tomada la decisión de ampliar la nómina de investigados desde hacía tiempo a la vista del arsenal probatorio que consta en la causa, sobre todo el documento EnfoCats y la agenda del exnúmero dos de Junqueras, Josep María Jové, todo ello incautado por la Guardia Civil. Retrasó la notificación de las nuevas imputaciones para que nadie pueda decir que pretendía influir en el resultado de los comicios, pero no esperó ni un día más. El magistrado tiene claro que el proceso judicial más trascendente de cuantos se tramitan en España es el que está en sus manos y que depende sobre todo de él que las responsabilidades penales se esclarezcan con todas las garantías y también en el plazo más breve posible.

El instructor; el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y el resto de los magistrados (qué suerte que haya correspondido presidir el tribunal de apelación a un juez de la talla de Miguel Colmenero, sinónimo de calidad y eficacia) son conscientes de su responsabilidad histórica y, aunque el foco les molesta, saben que no podrán eludirlo. Cuanto antes haya sentencia, mejor para todos. En primer lugar, para los propios investigados y para un Parlamento autonómico que nace pendiente de la suerte penal de cerca de dos decenas de relevantes diputados, una circunstancia que coloca a la Cámara en una indeseable situación de desestabilización.

Aunque el número de investigados (en este momento 28, aunque quizá acaben siendo más si, como ha pedido la Fiscalía, a mi juicio con razón, hay que incorporar al exmayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y al propio Jové) sea un desafío para un tribunal que no está concebido para instruir, Llarena quiere tener listo el auto de procesamiento para abril, de manera que la vista oral podría celebrarse antes del próximo verano. Con o sin Puigdemont, ya que la Sala no está dispuesta a que el prófugo le marque el ritmo. Si el instructor se retrasa, el enjuiciamiento no se haría antes de octubre o noviembre y la cuestión catalana volvería a marcar, un año más, la apertura del curso judicial.   

El propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha puesto a disposición de la Sala los medios extraordinarios que sean precisos, pero la cuestión sería más bien acotar la investigación (sobre todo en cuanto al presunto delito de malversación, que podría constituir una fuente inagotable de diligencias seguramente innecesarias para ir a juicio, aparte de que también se está investigando para otros imputados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona), remitir a la vista oral la práctica de pruebas como la ratificación de informes y realizar durante la fase de instrucción las diligencias esenciales que sean indispensables para el enjuiciamiento. En realidad, ése es el modelo de la ley, como se ha hartado de decir el Tribunal Supremo, así que ahora le toca a él cumplirlo.