Ruiz-Gallardón, en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid por la compra de Inassa./
El juez del caso Lezo cita a declarar a la cúpula de Gallardón en el Canal
- Los exconsejeros Juan Bravo y Pedro Calvo, el exdirector gerente del Canal de Isabel II y otros 22 investigados comparecerán como investigados por la compra de Inassa. El expresidente regional no ha sido citado todavía.
El juez que investiga la operación anticorrupción Lezo, Diego de Egea, ha citado a declarar a los exconsejeros del Gobierno de Madrid Juan Bravo y Pedro Calvo, al exdirector gerente del Canal de Isabel II Arturo Canalda y a otras 22 personas por la compra, por parte del Canal de Isabel II, de la sociedad colombiana Inassa. Todos ellos deberán comparecer como investigados (antes llamados imputados).
El instructor ha atendido la petición realizada la pasada semana por la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia "irregularidades" en la adquisición de Inassa, operación con la que la empresa de aguas madrileña comenzó su expansión internacional en 2001.
Calvo y Bravo han sido citados entre los días 9 y 15 de enero junto a los demás miembros del consejo de administración del Canal: Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz.
Las fechas de comparecencia del resto de investigados aún no han sido fijadas.
El juez no ha llamado a declarar a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente del Gobierno regional cuando se produjo la compra de Inassa y cuya declaración tampoco proponía la Fiscalía. Anticorrupción ha decidido comprobar qué información tuvo el Ejecutivo autonómico sobre la compra de la empresa colombiana, entre otras diligencias, antes de plantearse la declaración como investigado de Gallardón.
Las irregularidades apreciadas en la adquisición de Inassa se centran, de un lado, en la forma en que se planificó y ejecutó la compra (excediendo las condiciones autorizadas por el consejo de administración del Canal y por el Gobierno regional) y, de otro, en la determinación del precio (73 millones de dólares), ya que la Fiscalía aprecia "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración [de Inassa] y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar al haberse financiado esta operación con fondos públicos" de la Comunidad de Madrid.
