Acariciando la vuelta a la elección directa del CGPJ por los jueces

La subcomisión se despidió de 2017 atascada en un punto muerto. La línea roja establecida por Ciudadanos en dos aspectos -el sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que deben ser jueces o magistrados y la designación del fiscal general del Estado- amenazaban con hacer fracasar el acuerdo ya construido en torno a otros apartados del documento. No hay ahí temas menores: la nueva estructura de los tribunales o la atribución de la investigación penal a los fiscales se encuentran en ese borrador.

Se ha pactado, por ejemplo, la eliminación del llamado magistrado autonómico, esa anómala figura introducida en 1985, cuando se dio a los Parlamentos regionales la potestad de meter en la carrera judicial a un jurista (mayormente afín a los gobernantes autonómicos de turno) para que se integre en la Sala de lo Civil y Penal del respectivo Tribunal Superior de Justicia. Esa Sala es, precisamente, la que investiga y juzga los delitos de los aforados autonómicos.

Los magistrados autonómicos no sólo han estado sometidos, por su designación política de origen, a una permanente sospecha sobre el sentido de sus votos y resoluciones cada vez que han tenido que intervenir en un proceso que afectaba a un gobernante o diputado de la comunidad autónoma, sino que han contribuido a teñir de politización la imagen de una Justicia que no se merece ese lastre.

Pero es el procedimiento de elección del órgano de gobierno donde se sitúa la piedra de toque de la politización del Poder Judicial. Muchos, empezando por el ministro de Justicia, consideran que la percepción es exagerada. Catalá sostiene que, una vez nombrados, los vocales del Consejo General del Poder Judicial hacen exactamente lo que quieren y que la capacidad de influencia real del Gobierno es mínima, por no decir nula. Así se lo dijo a Rajoy cuando se negociaba el pacto de investidura con Ciudadanos, en el que finalmente se acordó propiciar la devolución a la carrera judicial la elección de 12 de los miembros del CGPJ.

Reunión del actual Consejo General del Poder Judicial./ Efe

Esa fórmula, a mi parecer la más respetuosa con el texto constitucional, nunca ha sido llevada a la ley por el PP cuando ha estado en el Gobierno y ha tenido la ocasión de transformar las cosas. Pese a ser el criterio que siempre han defendido conforme a su ideario político, a la hora de la verdad los populares han dejado que la llave final de la designación de los vocales del CGPJ esté en poder de los partidos a través de los grupos parlamentarios. Por algo será. El empeño de los políticos por repartirse el órgano de gobierno de los jueces, las reuniones de los vocales con los representantes de los partidos previas al nombramiento para ilustrarles sobre el nombre del presidente preferido, las llamadas para abogar por tal o cual nombramiento judicial en curso no pueden ser negadas por nadie que sepa lo que realmente ocurre con cada Consejo elegido por el Parlamento.

¿Desaparecerá la influencia política en el CGPJ si las Cortes dejan de intervenir en la elección de los vocales judiciales? Seguramente no, pero ejercerla se haría más difícil. Y sobre todo los consejeros no deberían su nombramiento a ningún partido, a ningún político amigo, a ninguna componenda parlamentaria. El vocal no tendría etiqueta política de origen ni el partido podría decirle "esto me lo debes, yo te puse ahí". Ese me lo debes sería con la carrera judicial. Y llámenme ingenua pero de eso se trata: de que los vocales trabajen para ella, no para sí mismos (ay, esas expectativas de cargos futuros) o para el poder político.

La línea roja marcada por Ciudadanos, que invoca su pacto con el PP, fue de nuevo reiterada en la primera reunión celebrada en 2018 por la subcomisión parlamentaria, que se levantó sin acuerdo. Fue el pasado martes y C's rechazó la propuesta de PP, PSOE y PNV de volver a la fórmula mixta implantada en 2001 conforme a la cual los jueces elegían a 36 candidatos a vocal y luego el Parlamento designaba a los 12 definitivos.

'Tirón de orejas' al Gobierno

Pero ha surgido un factor que ha introducido un cambio en el escenario. El informe sobre España difundido el 3 de enero por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa vuelve a tirar de las orejas al Gobierno por no reformar la ley para impedir que las manos políticas intervengan en la conformación del órgano de gobierno de los jueces. El GRECO "lamenta la falta de una acción más decisiva en este ámbito" y concluye con un rotundo suspenso a España en ese apartado, al que de la máxima relevancia.

A raíz del informe GRECO, la portavoz del PP en la subcomisión, María Jesús Moro, que está desempeñando un eficaz papel en la consecución del consenso, ha recibido autorización para aceptar la elección de los 12 vocales judiciales por la carrera, sin intervención alguna del Parlamento. El Gobierno no quiere que, tras el enésimo reproche de Europa en materia de independencia judicial, Ciudadanos se levante de la subcomisión denunciando que el Gobierno de Rajoy no cumple los pactos que firma y dinamita un acuerdo para implantar la fórmula que el GRECO recomienda para despolitizar la Justicia. Demasiado coste en un año en el que, además, esperan al PP varios juicios sobre corrupción.

Falta, claro es, el PSOE. El sistema de elección del CGPJ debe ser estable, lo que necesariamente pasa por su aceptación por los dos principales (aún) partidos. Los socialistas están deshojando la margarita, pero no está de más recordar que su propia portavoz parlamentaria, no hace mucho, dijo esto: "Yo defendía la elección parlamentaria pero, desde la experiencia, he cambiado de criterio. La designación de los vocales por el Parlamento es una de las causas de la imagen de politización de la Justicia. Esa apariencia, aun cuando no sea verdad, existe" (Margarita Robles, marzo de 2016).