Llarena rechaza pedir la detención de Puigdemont en Copenhague

Carles Puigdemont no va a ser detenido en Copenhague, donde este lunes participa en un debate universitario. El instructor del Supremo que investiga al expresidente por un presunto delito de rebelión ha acordado en una resolución dictada este martes que, aunque es "razonable" que el fiscal haya pedido la tramitación de la euroorden, hay "matices que conducen a que deba posponerse la orden de detención".

El juez señala que "la decisión se pospone, en su caso, a un momento en que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados por la emisión" de la euroorden. Llarena se refiere a que Puigdemont pretende "provocar su detención en el extranjero" ante la "imposibilidad legal de optar a la investidura sin comparecer en el Parlamento". 

"Llama la atención que quien se encuentra prófugo de la justicia tras su furtiva salida  de nuestro país desvele por adelantado su intención de trasladarse del lugar donde buscó su refugio inicial, y que proclame además el punto concreto donde estará presente", indica el juez. "Que el comportamiento pueda buscar la detención que el Ministerio Público peticiona es algo que no se escapa al instructor, más aún cuando el investigado sigue eludiendo comparecer en el proceso y ha proclamado que lo elude por no asumir el riesgo de una eventual privación de libertad".

Elogio al 155

Es, asimismo, "notorio" que Puigdemont tiene la "proclamada intención de restablecer el mismo gobierno bajo el que se declaró la llamada 'república catalana' e impulsar con ese gobierno su implantación", agrega el magistrado, que alude a la pública voluntad del expresident de "retornar" al momento inmediatamente anterior a la aplicación del 155, "desactivando el único instrumento que se ha mostrado capaz de restablecer el orden constitucional".

Detenido en Copenhague, lo que el expresident pretende es "pertrecharse de una justificación de que su ausencia [en la sesión de investidura del Parlament] no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta"

"La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria", afirma el magistrado, que considera que Carles Puigdemont pretende "forzar un contexto en el que poder delegar su voto", como si estuviera en la misma situación que Oriol Junqueras, encarcelado en España.

"De este modo", añade el juez, Puigdemont "instrumentalizaría" su privación de libertad "para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y opiniéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse".

Todo ello "obliga a posponer la orden de detención a un momento -no necesariamente lejano- en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no se encuentren en riesgo por una detención que, como el Ministerio Fiscal defiende, sería lógica en otro contexto".

Petición sin argumentos

No todo es, sin embargo, comprensión de la posición del fiscal. La resolución de Llarena incluye un párrafo con cierta censura del escrito del Ministerio Púiblico que "no se acompaña no sólo de la invocada legislación danesa conforme exige la ley sino de ninguna argumentación doctrinal o jurisprudencial que -desde los hechos que se investigan- refrende su análisis sobre el ordenamiento jurídico interno de Dinamarca".

Sin la verificación de que el Código Penal danés tipifica los delitos atribuidos al expresidente catalán, "no conocemos cómo la petición de colaboración internacional puede influir en la respuesta penal prevista por el legislador español, menos aun cuando se están investigando todavía aspectos de relevancia jurídico penal que podrían ser precisos para el Estado requerido". En otras palabras, Llarena no quiere exponerse al riesgo, ya padecido en Bélgica, de que las autoridades danesas concedieran la entrega del investigado por unos delitos pero no por otros, introduciendo -y sólo en beneficio de Puigdemont- restricciones en el proceso que el juez considera "inaceptables".