División de los vocales progresistas del CGPJ en una plaza clave de la Sala Penal

El Consejo General del Poder Judicial inaugurará este jueves su último año de mandato con la elección de tres nuevos magistrados del Tribunal Supremo que irán destinados a las Salas Penal, Social y Contencioso-Administrativo.

Esta última será la primera en someterse a votación. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, existe acuerdo para el nombramiento del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Román, de 57 años y 30 de antigüedad en la carrera judicial, especialista en la jurisdicción contencioso-administrativa desde 1993.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha anunciado su abstención en la votación de esta plaza por su estrecha relación personal con Román, en cuyo currículum pesan, además del desempeño jurisdiccional, los ocho años que ejerció como jefe del gabinete técnico del Tribunal Supremo (2004-2011). Durante ese período Román tuvo un relevante papel de asistencia a la Sala del 61 en los procesos de ilegalización de ETA-Batasuna, claves para el fin de la banda terrorista.

En diciembre de 2011 Román fue nombrado secretario de Estado de Justicia siendo ministro Alberto Ruiz-Gallardón, al que no conocía hasta entonces. Volvió a la carrera judicial en octubre de 2014. Desde entonces ejerce en la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dedicada a los recursos en materia tributaria.

En cuanto a la Sala Cuarta, el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, ha perdido en las últimas horas su aparente ventaja inicial en beneficio de la magistrada María Luz García Paredes.

La elección está abierta en esa Sala y también en la Sala Penal, donde el grupo de vocales progresistas está dividido en torno a los dos candidatos que, en principio, reunirían el mayor número de votos: el presidente de la Audiencia de Tarragona, Javier Hernández, y la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid Susana Polo.

La diferencia entre ambos es acusada. Polo tiene cuatro años más de antigüedad en la carrera judicial, aunque Hernández la supera en experiencia jurisdiccional en órganos colegiados, en actividad docente, en dirección de cursos y seminarios, en publicaciones jurídicas y en participación en proyectos jurídicos internacionales.

Javier Hernández tendrá, con toda seguridad, votos transversales dado que será apoyado por vocales del sector progresista pero también por consejeros del grupo mayoritario, que sostienen que su currículum es "incomparable".

Otros vocales del sector conservador se inclinan por Vicente Magro o Ángel Hurtado, pero no pronostican que tengan posibilidades de resultar elegidos.

Se trata de una plaza importante no sólo por la especial trascendencia de los procesos que en estos momentos tiene planteados la Sala Penal sino también por su precario número de magistrados debido a la existencia de tres vacantes más. Ello está ocasionando dificultades incluso para conformar tribunales, además de ralentizar los tiempo de respuesta.