Cifuentes no debió adjudicar un contrato a Arturo Fernández según el juez

El juez que investiga el caso Púnica en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, considera que existieron irregularidades en la adjudicación del contrato de la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid a la empresa Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña de empresarios, Arturo Fernández, en la que participó Cristina Cifuentes. Esas presuntas irregularidades se basan en la incompatibilidad de cargos de los miembros que aprobaron la adjudicación, que a su vez formaron parte del comité de expertos que crearon las bases de la licitación, como es el caso de Cifuentes.

El instructor ha rechazado archivar la investigación contra Tania Sonsoles Recoder, quien actuó como miembro del comité de expertos en la licitación de dicho contrato en el año 2009 y a su vez fue letrado de la Asamblea de Madrid que elaboró el informe jurídico del pliego de cláusulas en la licitación.

El juez considera que Recoder "no apreció, sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de Dª Cristina Cifuentes Cuencas". Una afirmación de la que se extrae que la presidenta de Madrid, por aquel entonces vicepresidenta de la Cámara, tampoco debió participar en la adjudicación.

En su auto, el juez afirma que la investigación contra Recoder continuará puesto que "las actuaciones tienen un dilatado proceso de instrucción, pues los hechos que se instruyen tienen una gran complejidad y calado para establecer las potenciales imputaciones".

El contrato de Cantoblanco

La investigación sobre el contrato del servicio de comedor y cafetería de la Asamblea de la Comunidad de Madrid a la empresa de Arturo Fernández se investiga desde principios del año pasado. Cristina Cifuentes no está investigada en esta causa. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya apuntó a las posibles irregularidades en las que podría haber caído Cristina Cifuentes al formar parte del comité de expertos y participar posteriormente en la aprobación de la adjudicación.

Incluso van más allá, pues los investigadores sospecharon que el contrato podría haberse amañado a cambio de una comisión de 160.000 euros del Grupo Cantoblanco para el Partido Popular madrileño que se habría vestido como una donación a la fundación Fundescam, una de las empresas investigadas en la presunta 'caja B' del PP.