Un agente afronta una petición de cárcel por usar las bases policiales para espiar a su expareja

La Fiscalía de Madrid pide una pena de dos años y medio de prisión para un miembro del Cuerpo Nacional de Policía que presuntamente utilizó las bases de datos de la Dirección General para espiar los viajes de su expareja, también agente del CNP.

El juicio contra A.G.F., de 43 años, está previsto para este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. El escrito de acusación provisional del fiscal señala que el agente mantuvo con A. una relación sentimental durante cuatro años y cuya ruptura él no asumió.

"Con la finalidad de conocer dónde y con quién se encontraba su expareja", sostiene la Fiscalía, "desde abril de 2014 hasta enero de 2017 A.G.F. entró con su clave de acceso a las bases de datos de la Dirección General de la Policía, lo que pudo hacer en su condición de funcionario del CNP, y allí consultó los ficheros donde constan registrados los datos de las personas que se encuentran hospedadas en los hoteles de España".

En concreto, el 25 de abril de 2016, entre las 4:33 y las 5:05 horas, el acusado habría efectuado hasta 10 búsquedas, "obteniendo como información que A. había estado hospedada" en un determinado establecimiento.

Las búsquedas se prolongaron a mayo, junio, y agosto de 2016, así como a enero de 2017.

El escrito de acusación añade que "en algunas de las conversaciones de whatssap que el acusado y A. mantenían por tener un hijo común, el acusado hacía entrever que sabía dónde estaba y lo que hacía, lo que generaba en la perjudicada cierta inquietud".

A.G.F. es acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, que castiga a quien, sin estar autorizado y causando un perjuicio a la víctima, acceda a datos reservados de carácter personal o familiar que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos.

El Código Penal agrava la pena -que puede ir de dos a cuatro años de prisión- si esa conducta es realizada por una autoridad o funcionario público fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa legal por delito y prevaliéndose de su cargo.

En estos casos, además de la pena de prisión, se prevé una pena de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años. Para A.G.F. la Fiscalía pide seis años de inhabilitación.