Es difícil encontrar un catálogo de torpezas más nutrido que el que ha reunido el ministro de Hacienda a propósito del 1-O. No es la menor que esté dejando en manos de cargos de la Generalitat bajo sospecha los informes que piden los tribunales sobre el uso de fondos públicos en las consultas independentistas.
El Tribunal Supremo espera que la semana que viene, a no más tardar, Cristóbal Montoro remita su respuesta al requerimiento que le dirigió el pasado miércoles el juez Llarena para que justifique el "concreto soporte objetivo" por el que ha afirmado que el referéndum ilegal del 1-O no se financió con fondos públicos. La insensatez no sólo ha provocado un cabreo generalizado entre los magistrados del alto tribunal sino que también ha mosqueado notablemente al propio presidente del Gobierno. "Arregla esto cuanto antes y de forma adecuada", me dicen que le ha dicho Rajoy a su imprudente ministro de Hacienda.
Confiemos en que el arreglo no quede exclusivamente en manos de Montoro. Esperemos que el ministro se apee de su soberbia y pregunte, por ejemplo, a los abogados del Estado que llevan meses siguiendo los procedimientos penales que tramitan el Tribunal Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La Abogacía del Estado se personó en las diligencias ante la "existencia de indicios racionales de criminalidad de un delito de malversación de fondos públicos (...) ante la sospecha razonable de que en la preparación y ejecución del referéndum ilegal, prohibido por el Tribunal Constitucional, pudieron haberse empleado fondos públicos".
Montoro no sólo ha dejado a los pies de los caballos a los abogados del Estado, que se han personado en esos procesos como acusación precisamente en defensa de los intereses de la Hacienda Pública. También ha creado un conflicto gratuito con el Tribunal Supremo; ha dado artillería a los encausados; ha puesto en tela de juicio el trabajo de la Guardia Civil y de los jueces instructores Llarena y Ramírez; pone en riesgo la respuesta de tres países -Alemania, Bélgica y Reino Unido- sobre las euroórdenes emitidas por el Supremo para la entrega de los procesados prófugos por el cargo de malversación y ha introducido dudas, ruido y desconcierto sobre unas causas judiciales de la máxima importancia para el futuro del Estado. Todo eso sin contar con aspectos secundarios como el enfado de dos colegas de gabinete -los titulares de Justicia e Interior- y del propio Rajoy, al que Montoro hizo incurrir en la misma imprudencia al afirmar, el 7 de febrero en el Congreso, que "ni un euro" del Fondo de Liquidez Autonómica se ha destinado a costear los gastos de la votación ilegal del 1-O.
"Eso no lo vamos a poder mantener porque realmente nosotros no tenemos forma de saberlo", afirman desde el Gobierno. El informe al juez del Supremo describirá los controles sobre la gestión de pagos de la Generalitat implantados por Hacienda desde julio de 2017 y sostendrá su exhaustividad con el fin de "dejar bien a Montoro". Pero, a partir de ahí, habrá una distinción entre el terreno de intervención administrativa y el ámbito penal, en el que Hacienda no puede garantizar que no se haya producido ni un solo desvío de fondos públicos para financiar el procés en cualquiera de los escalones que intervienen en la disposición del dinero.
De hecho, eso es lo que reflejan los elementos probatorios reunidos por Llarena. Desde varios días antes de las declaraciones indagatorias realizadas la semana pasada y que los procesados utilizaron para esgrimir a su favor las manifestaciones de Montoro, el instructor del Supremo ya tenía en su poder el último informe de la Guardia Civil sobre gastos del 1-O efectivamente financiados con fondos públicos. Por ejemplo, los que salieron de Diplocat para los observadores internacionales.
Por eso es sorprendente no ya la temeridad de Montoro sino también que desde su Ministerio y en un asunto de cuyo control alardea se haya permitido que sean cargos de la Generalitat judicialmente investigados por la financiación del 1-O -y en algún caso llamativamente no removidos tras la aplicación del artículo 155- los que estén respondiendo a los órganos judiciales sobre si ha habido empleo de fondos públicos en la consulta independentista.
El procedimiento del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -que está resultando clave para el esclarecimiento de los presuntos delitos relacionados con el procés- ya está trufado de documentos oficiales que certifican que no se ha producido gasto alguno en el 1-O. Los firma, entre otros, Natalia Garriga, todavía hoy directora de Servicios de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat.
Certificación de Natalia Garriga del pasado 29 de enero.
Garriga fue detenida el pasado 20 de septiembre en la operación Anubis, desarrollada por la Guardia Civil bajo las órdenes del juez Ramírez, en la que se obtuvieron pruebas relevantes utilizadas luego por Llarena, como la agenda Moleskine de Josep Maria Jové en la que se relatan las reuniones estratégicas de los responsables del proceso secesionista.
Garriga, citada como investigada.
El pasado febrero el instructor otorgó a Garriga la condición de investigada debido a la "existencia de indicios sobre su directa intervención en la preparación, desarrollo y ejecución del 'referéndum" y la citó a declarar el 14 de marzo.
Pues bien, esta señora es la que contestó a una primera petición de información del Juzgado (30-10-2017) que desde el Departamento de Economía de la Generalitat "no se ha hecho ninguna disposición de créditos" para financiar el referéndum independentista.
La respuesta mosqueó al Juzgado, que el 23 de noviembre dictó una resolución en la que indicaba que "a la vista de la respuesta remitida por el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda en el que se afirma el desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto para la celebración del llamado 'referéndum' celebrado el pasado día 1 de octubre, requiérase, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, a los Ministerios de Economía y Hacienda a fin de que, en virtud de las potestades que les confiere la aplicación del artículo 155 de la Constitución, procedan a dar las órdenes oportunas para la exacta y puntual cumplimentación del oficio" reclamando la información sobre esos gastos.
Más de dos meses después, el delegado del Gobierno, Enric Millo, envió al juez la respuesta: otro informe rubricado por... Natalia Garriga, nuevamente negando el empleo de fondos públicos en el 1-O.
Garriga adjuntó al suyo un informe anterior (24-7-2107) de la -todavía hoy- interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, certificando que "no se tiene conocimiento de ningún expediente de gasto que, de modo directo o indirecto, se emplee para financiar la organización y/o celebración del proceso referendario" que finalmente se acabó celebrando el 1 de octubre.
Certificación de Rosa Vidal sobre el 1-O.
Se trata de la misma interventora general que certificó también los gastos de la consulta independentista del 9-N a requerimiento del Tribunal de Cuentas. Desde entonces, Vidal está en el punto de mira de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía ante la sospecha vehemente de que no incluyó todos los costes del 9-N que, en caso de que resulten finalmente condenados, tendrán que reintegrar el expresidente catalán Artur Mas y tres de sus exconsejeros.
Fue la instructora de ese procedimiento de responsabilidad contable, María Llanos Castellanos, que hizo un trabajo excelente en un brevísimo plazo de tiempo, la que descubrió que la certificación de Vidal era incompleta. Castellanos tuvo que hacer un acta de liquidación complementaria al descubrir, gracias a la documentación aportada por otro interventor, la existencia de más contratos relativos a la realización de campañas llamando a la participación en la votación independentista.
Acta de la liquidación provisional de gastos del 1-O.
En la investigación del Tribunal de Cuentas sobre el 9-N consta también una certificación de Josep Maria Jové como secretario general del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda en la que afirmaba que la suscripción de una póliza de seguro para los voluntarios que se encargaron de la votación "no supuso coste alguno" para las arcas de la Generalitat. Castellanos demostró lo contrario y ese gasto fue incluido en la liquidación.
Y es que no es oro todo lo que reluce en las certificaciones de los cargos de la Generalitat catalana, ni siquiera estando bajo el 155, señor Montoro.
