El Tribunal de Cuentas critica el descontrol del dinero privado que recibe la Marca España

Ausencia de normas que regulen su funcionamiento, solapamiento en sus tareas con otros órganos de la Administración, falta de evaluación del resultado obtenido respecto a las líneas de actuación marcadas, planteamiento de "objetivos generales que carecen de acciones concretas y medibles", firma de convenios con entidades públicas y privadas sin que se haya documentado el seguimiento de cómo se desarrollan y sin que se sepa las cantidades finalmente aportadas, percepción de fondos privados al margen de la normativa administrativa... La primera fiscalización del Alto Comisionado de la Marca España llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, no deja en muy buen lugar al órgano creado por el Gobierno del PP para la "mejora de la imagen exterior de España".

El comisionado, que Rajoy puso en manos del empresario Carlos Espinosa de los Monteros, marqués de Valtierra, fue creado en 2012 para desarrollar el llamado "proyecto Marca España", concebido como una política de Estado basada en el entendimiento de que una buena imagen-país es un activo que sirve para respaldar la posición internacional del Estado política y económicamente, aumentar las exportaciones, atraer inversión extranjera, incrementar el turismo e internacionalizar a la empresas españolas, contribuyendo a generar empleo.

A pesar de la "magnitud de la tarea de poner en marcha un proyecto para la mejora de la marca-país en un momento de grave crisis económica", subraya el Tribunal de Cuentas, la iniciativa nació sin dotación presupuestaria propia. Los gastos del Alto Comisionado para la Marca España se imputan al Ministerio de Asuntos Exteriores y entre los años 2013 a 2016 han supuesto un total de 289.428 euros. 

Duplicidad

El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad en su último pleno, celebrado el pasado 25 de abril, la fiscalización de la Marca España a propuesta de la consejera Enriqueta Chicano. El informe destaca que las funciones del comisionado "ya eran asumidas parcialmente por otros órganos del Ministerio de Asuntos Exteriores, siendo la promoción exterior una de las misiones que tradicionalmente corresponde a ese departamento", así como por otros organismos estatales, autonómicos o locales, "que no han dejado de ejercerlas a pesar de la creación del comisionado".

El Tribunal de Cuentas enumera hasta nueve organismos de la Administración central con funciones similares a las del comisionado para la Marca España (desde la Agencia Española de Cooperación Internacional al Icex, Turespaña o el Instituto Cervantes), y eso sin contar con los órganos dedicados también a la promoción exterior creados por las comunidades autónomas.

El órgano fiscalizador tampoco entiende que la labor singular del comisionado sea dar unidad y homogeneidad a los trabajos de todas las entidades públicas y privadas que se dedican a la imagen de España porque "dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores existen unidades con funciones de promoción o coordinación similares al Alto Comisionado de la Marca España". Otras facultades de coordinación, especialmente en materia económica, también son asumidas por el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Análisis de objetivos

El Tribunal de Cuentas ha analizado los planes anuales de la Marca España presentados al Consejo de Política Exteriores para los años 2013 a 2016, en los que figuran objetivos tales como "mejorar nuestra imagen" en determinados países, "promoción de la lengua española" o "promoción de la internacionalización de nuestras empresas".

La conclusión recurrente de la auditoría es que se trata de "objetivos generales que carecen de acciones concretas y medibles". "Su seguimiento es prácticamente imposible pues no se establecen indicadores que permitan medir su consecución. Y la práctica totalidad de las líneas de actuación previstas no depende de la acción del Comisionado, ni en su planificación ni en su impulso ni en su consecución", destaca.

Las actividades "corresponden a la competencia e iniciativa propia" de departamentos del Ministerio de Exteriores, Economía, Fomento, ICEX, Instituto Cervantes o  Turespaña, entre otros.

Así, en 2015 Marca España presentó un documento de 109 páginas denominado Mapa de Actividades 2015 que recogía más de 500 actividades organizadas por organismos e instituciones en diversos ámbitos de la Administración española (cultura, defensa, diplomacia económica…) incluyendo las actividades de toda la red exterior de embajadas. De estas actividades únicamente 8 eran actuaciones calificadas como "proyectos propios" de Marca España, indica el Tribunal de Cuentas, que apostilla que "este documento no se ha presentado nuevamente ni en 2016 ni en 2017".

El informe de fiscalización pone de relieve que las líneas de actuación que se marca el comisionado "no tienen un desarrollo a través de medidas concretas y medibles".

Critica, en este sentido, que no se hayan desarrollado indicadores de gestión que permitan conocer el grado de consecución de los objetivos de sus distintas actividades ni su impacto en la evolución de la imagen de España tanto dentro como fuera del país.

El comisionado ha centrado su actividad en el seguimiento de una serie de índices nacionales e internacionales sobre la imagen de España elaborados por distintas instituciones que, en la mayor parte de los casos, ya venían realizándolos antes de la creación de la Marca España. Entre ellos destacan los barómetros del Real Instituto Elcano.

"Estos índices, cuya evolución respecto a la valoración de España en los últimos años es positiva, analizan la evolución de la reputación de España (y de otros muchos países) atendiendo a muy diversas consideraciones, si bien no miden en ningún caso ni contemplan el impacto de la creación del Alto Comisionado para la Marca España ni de su actividad", afirma el Tribunal de Cuentas. "Si bien son un reflejo de la mejora de la realidad española según las variables medidas, en ningún caso puede establecerse una relación siquiera indirecta con las actividades llevadas a cabo por el Comisionado", apostilla.

El alto comisionado

Uno de los aspectos que llama la atención del Tribunal de Cuentas es el singular régimen del responsable del comisionado, que tiene rango de secretario de Estado pero sólo "a efectos de representación y protocolo", compagina el cargo público con puestos en órganos de administración de empresas privadas e incluso ha firmado un convenio de colaboración "con contenido económico" con una de las empresas -Inditex- de cuyo consejo de administración es miembro.

Desde el comisionado de la Marca España se alegó al Tribunal de Cuentas que Espinosa de los Monteros, que tiene una participación accionarial en Inditex, renunció a la vicepresidencia de esta sociedad (remunerada con 100.000 euros), aunque permanece como miembro de su consejo de administración. Hasta 2015 fue también vocal del consejo de Acciona y hasta 2016 del de Schindler.

El cargo de alto comisionado para la Marca España es un puesto no retribuido pero con derecho a indemnización por los gastos que le origine el desempeño de sus funciones. Tiene despacho en el Ministerio de Asuntos Exteriores -del que depende orgánicamente y que se hace cargo de los gastos del comisionado y su oficina-, coche oficial y funcionarios y personal laboral a su cargo.

"La especial situación del alto comisionado para la Marca España en el entorno de la Administración General del Estado no tiene precedentes, ya que no existe un cargo con iguales características", dice el informe del Tribunal de Cuentas.

De los 289.428 euros dedicados por Exteriores a gastos de funcionamiento del comisionado para la Marca España, la mayor parte (118.340) se destinaron a vehículos del Parque Móvil. Poco más de 71.000 euros fueron para viajes de Espinosa de los Monteros, cuyos gastos han sido asumidos a veces por empresas particulares. Por ejemplo, la constructora Sacyr se hizo cargo de una visita del alto comisionado a Panamá en mayo de 2016.

Aportaciones privadas

El Tribunal de Cuentas analiza la colaboración económica procedente de los ámbitos públicos y privados  de la que se ha servido el comisionado para financiar sus actividades. Entre 2012 y 2017, Marca España ha suscrito 41 convenios, de los cuales el órgano fiscalizador ha escogido una muestra de nueve.

El dictamen señala que, aunque los convenios analizados contemplan la creación de comisiones de seguimiento, "nunca han llegado a reunirse" y "tampoco  se han remitido actas de ninguna de las otras reuniones mantenidas en ejecución de estos convenios".

Uno de los acuerdos fue firmado con Inditex -a cuyo consejo de administración pertenece Espinosa de los Monteros- y contempla una aportación de hasta 100.000 euros destinada al “mantenimiento, desarrollo y mejora de la web” de la Marca España.

El convenio establece que Marca España contacta con los proveedores y las facturas, "expedidas a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores”, son remitidas a Inditex con la conformidad del comisionado, de forma que la empresa privada paga directamente al proveedor.

"Este sistema de abono de facturas no se adecua a la normativa presupuestaria, subraya el Tribunal de Cuentas, que expone que el comisionado "no ha informado de la cantidad que fue finalmente aportada" por Inditex ni ha presentado las facturas, a excepción de una correspondiente a 2013 con el concepto “definición de la estrategia de comunicación sobre Marca España entre la sociedad civil ejecución y seguimiento del plan de dinamización. Generación de contenidos sobre Marca España, creación de perfiles en redes sociales y difusión de los mismos en redes sociales”. 

"La falta de documentación ha impedido al Tribunal de Cuentas conocer las cantidades totales aportadas" por Inditex durante la vigencia del convenio, de julio de 2013 a diciembre de 2015, dice el informe.

Esa carencia de documentos (facturas, contratos…) se ha producido igualmente en otros de los convenios de la muestra escogida, en ninguno de los cuales se ha utilizado la vía ordinaria de provisión de bienes y servicios para la Administración, a pesar de ser el proyecto  Marca España el destinatario final. Al no disponerse de las facturas no ha podido evaluarse el grado de vinculación de las mismas con las actividades propias del comisionado.

"Debe destacarse que, con carácter general, el seguimiento de la ejecución de los convenios suscritos por el Alto Comisionado de la Marca España es deficiente, dificultando la labor fiscalizadora de este Tribunal. Esta gestión es susceptible de una importante mejora", concluye.

Conclusiones

Para el Tribunal de Cuentas, existe un insuficiente desarrollo normativo del ejercicio de las funciones del comisionado, que tampoco cuenta con una regulación de sus relaciones con los 'embajadores Marca España' (selección, obligaciones, código de conducta….) ni de los criterios establecidos para llegar a acuerdos con las empresas colaboradoras.

En este sentido, recomienda al Gobierno desarrollar un adecuado marco normativo para el ejercicio de las funciones del comisionado y la actividad del proyecto Marca España, tanto en el ámbito contractual como patrimonial y operativo.

De otro lado, la falta de medios y presupuesto "impide el desarrollo de actividades dirigidas al cumplimiento de su misión y compromete el éxito del proyecto para el futuro", considera el Tribunal de Cuentas. Recomienda, por ello, al Ejecutivo dotar al proyecto de los recursos necesarios.

También considera que la propia oficina del comisionado debe adoptar medidas para mejorar el sistema de seguimiento de la ejecución y control de los acuerdos y convenios que firma.