El CGPJ ampara a una jueza de familia frente a una "campaña de hostigamiento"

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles otorgar el amparo solicitado por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid, Emilia Marta Sánchez, frente a las actuaciones del tesorero de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Eugenio Martín, que de forma particular es parte en varios procedimientos de familia que tramita la magistrada.

El órgano de gobierno de los jueces considera que “existe una auténtica campaña de hostigamiento contra la magistrada” con el objetivo de influir en el contenido de las resoluciones que debe dictar en los procedimientos que afectan a Eugenio Martín y afirma que algunos de los comportamientos de los miembros de la mencionada asociación "rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable”.

Entre los hechos que se consideran acreditados, la Comisión Permanente del CGPJ señala el reparto en la puerta del edificio donde tiene su sede el Juzgado de octavillas en las que se decía que la magistrada había falsificado más de 750 informes psicosociales y era una presunta prevaricadora.

Además, la asociación "ha desplegado una intensa campaña mediática en varios diarios digitales con el objeto de desacreditar a la magistrada y de influir en sus resoluciones judiciales. Tanto es así que se solicita por la asociación la inhabilitación y expulsión de la carrera judicial de la magistrada, llegándola a acusar de hechos delictivos al afirmar que ha procedido a alterar, junto con otras personas, informes psicosociales de manera sistemática y continuada durante diez años para decidir custodias de niños”.

En el expediente consta un escrito remitido por los funcionarios del Juzgado en el que muestran su apoyo a la magistrada y a su trabajo,  manifiestan su rechazo a las “graves, falsas y calumniosas acusaciones” vertidas contra ella y afirman ser testigos “del acoso al que periódicamente se ve sometida”. 

“Comportamientos como los descritos rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable, ya que constituyen un modo de proceder que contribuye a generar, en la opinión pública y ciudadana, una sensación de desasosiego o descrédito respecto de las decisiones judiciales que ningún beneficio producen a la sociedad en su conjunto y que solo contribuyen a socavar el prestigio y reconocimiento de la labor de los órganos judiciales”, afirma el CGPJ.

Por todo ello, la Comisión Permanente acuerda otorgar el amparo solicitado por la titular del Juzgado frente a las actuaciones desarrolladas por el tesorero y otros miembros de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, “instando de los mismos el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional de la magistrada”.