La jueza que cobra por echar las cartas del tarot ya ha sido sancionada en tres ocasiones

La magistrada María Jesús García Pérez, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, va a ser investigada por el Consejo General del Poder Judicial por dedicarse a echar las cartas el tarot y cobrar por ello. El promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, Ricardo Conde, ha abierto este jueves unas diligencias informativas tras recibir una comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia alertando de la posible realización de actividades incompatibles con la función judicial.

García Pérez, de 55 años, ha pasado varias veces por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial a lo largo de sus 25 años de carrera. La magistrada ha sido sancionada tres veces (por irse al gimnasio demorando la puesta en libertad en un detenido; por criticar la ley de violencia de género y faltar al respeto a mujeres denunciantes y por fumar en la sala de vistas). En su anterior destino en Galicia, el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela, los abogados se quejaron de que solía llevar un gato a los juicios y vistas.

Un nuevo escándalo ha saltado en su último puesto judicial, en Lugo, después de que El Progreso haya publicado que García Pérez tiene un consultorio donde, de forma personal, echa las cartas del tarot y cobra por ello.

El hecho ha sido ratificado a EL ESPAÑOL desde el Colegio de Abogados de Lugo, algunos de cuyos letrados han visto a la magistrada repartiendo octavillas del negocio de tarot junto a un acompañante. Fuentes colegiales han señalado que otro abogado acudió al consultorio y fue atendido por la jueza. "Al principio pensábamos que era su acompañante el que echaba las cartas, pero las informaciones que nos llegaron de los letrados nos precisaron que era ella", señalan. 

Octavilla repartida por la jueza y su pareja, publicada por El Progreso de Lugo./ Efe

No se ha registrado, sin embargo, en el Colegio de Abogados ninguna denuncia por estos hechos, motivo por el que la institución no se ha dirigido de manera oficial ni al CGPJ ni al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

María Jesús García llegó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo en septiembre de 2016. Las fuentes consultadas aseguran que es "muy generosa" en la concesión de permisos a los presos, lo que causa preocupación a los responsables de los centros penitenciarios y motiva numerosos recursos de la Fiscalía.

De guardia en el gymn

Su trayectoria ha estado salpicada por comportamientos polémicos en otros destinos judiciales. En junio de 1999, el CGPJ le impuso un año de suspensión en el ejercicio judicial por una falta disciplinaria muy grave de desatención injustificada a sus deberes.

La sanción, confirmada por el Tribunal Supremo, se refería a hechos ocurridos en julio de 1997, cuando María Jesús García estaba destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Collado-Villalba (Madrid). La Guardia Civil había detenido a un súbdito polaco por presuntos delitos de robo con fuerza y comunicó que lo podrían a disposición judicial al día siguiente, cuando María Jesús García estaba de guardia.

Cuando los agentes le llevaron al detenido, la jueza les dijo verbalmente que las actuaciones no eran de su competencia, ausentándose del Juzgado pese a que el detenido ya estaba su disposición. Cuando fue localizada por el fiscal y el personal del Juzgado García Pérez estaba en el gimnasio y reiteró que no iba a resolver. La Guardia Civil se llevó al detenido y al día siguiente lo volvió a poner a disposición de la jueza, que decretó su libertad.

El Supremo, que desestimó el recurso de la jueza contra la sanción, criticó la "contumacia" de García Pérez en eludir sus obligaciones "con excusas inadmisibles" y consideró que su actuación rozó los límites del delito al propiciar que el detenido estuviera "24 horas privado de libertad y sin resolver sobre su situación personal".

"Las sudamericanas nos toman el pelo"

La segunda sanción le fue impuesta por la Comisión Disciplinaria del CGPJ en abril de 2009. María Jesús García fue multada con 3.000 euros por una falta grave consistente en el "exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos".

Los hechos objeto de sanción fueron unas declaraciones a la prensa de la jueza, entonces destinada en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Santander. García Pérez criticó la Ley de Violencia de Género, que a su parecer "no vale para nada", afirmó que los Juzgados especializados en esa materia "no hacen falta para nada", afirmó que tenía que atender una "cantidad de ridiculeces innombrables".

Añadió, en referencia a las "culturas machistas", que "los rumanos, si no pegan a la mujer, parece que les falta algo" y que "hay muchas mujeres, sobre todo sudamericanas, que irían en este grupo de las que vienen aquí con una sonrisa en la boca, de oreja a oreja, tomándonos el pelo a todo el mundo, diciendo 'ahora quiero retirar la denuncia, ahora quiero arreglarme, reconozco que soy yo la que le pegué'".

El CGPJ censuró que la jueza sus afirmaciones "inadmisibles y desconsideradas" y le reprochó que hubiera hecho un "uso inmoderado de su libertad de expresión, llegando a atentar contra el respeto debido a los ciudadanos tratando en los términos en que lo hace una materia tan delicada y alarmante como es el maltrato, que supone una clara preocupación para toda la población".

En 2011, cuando estaba destinada en el Juzgado de lo Penal número 6 de Bilbao, fue sancionada por una falta leve por fumar dentro de la sala de vistas. García Pérez admitió el hecho, que se había producido en un receso entre vistas, y lo justificó diciendo que así no perdía tiempo en salir a la calle.