Los familiares de los dos guardias civiles y sus novias agredidos en el bar Koxka de Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016 han acogido con satisfacción la sentencia de la Audiencia Nacional de este viernes, que condena con penas de entre 2 y 13 años de prisión a los ocho acusados. Sin embargo, no creen que el fallo ayude a que termine el acoso hacia la Guardia Civil que, según denuncian, se remonta a varias décadas atrás en la localidad navarra.
"Se ha hecho Justicia. Se ha demostrado que agredir a dos guardias civiles y a sus novias por el hecho de serlo no sale gratis", explica Inma Fuentes, la madre del teniente Óscar A. a EL ESPAÑOL. Considera que la sentencia es justa a pesar de que el Tribunal no les haya condenado por terrorismo, como solicitaba la Fiscalía, porque "no se ha probado que los acusados hubieran asumido en aquella época los postulados de la banda terrorista ETA", como dicta la sentencia.
"Allí no ha cambiado nada"
La sentencia condena en primera instancia a entre 9 y 13 años de prisión a Jokin Unamuno, Ohian Arnan, Adur Ramírez, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizolaortigosa e Iñaki Abad por delitos de atentado a los Agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Tan solo Ainara Urquijo ha sido condenada a dos años de prisión, uno por desórdenes públicos y otro por amenazas.
La madre del teniente Óscar A. no tiene ninguna esperanza de que la situación vaya a cambiar en Alsasua a raíz de la resolución judicial: "Allí no ha cambiado nada. No hay libertad, siguen sin poder decir que son guardias civiles", dice con resignación.
Denuncia además que han tenido conocimiento de que los sectores de la izquierda abertzale preparan manifestaciones contra la resolución de la Audiencia Nacional para los próximos días.
Según se considera probado, los guardias civiles y sus novias fueron "rodeados por un grupo de unas 25 personas que les increpaban para que se fueran, con expresiones como 'os vamos a matar por ser guardias civiles', 'hijos de puta', 'pikoletos', 'cabrones' o 'txakurras'. Ante los golpes y patadas, los cuatro intentaron salir del establecimiento, haciéndose como una especie de pasillo por donde pasaron los denunciantes y eran agredidos por los acusados que propinaban todo tipo de golpes, patadas y puñetazos, así como por otro número importante de individuos que se iban congregando y que no han llegado a ser identificadas totalmente".
De ahí que la Sala concluya que los condenados actuaron "por su clara animadversión y desprecio hacia la Guarida Civil y por motivos claramente ideológicos intentando expulsar a dicho estamento de la localidad de Alsasua".
Crítica a Podemos
Inma Fuentes afirma haber sentido el apoyo de la ciudadanía durante los últimos meses: "La sentencia es importante para que vean que no fue una pelea de bar. Desde el principio nos hemos sentido muy respaldados. La gente nos ha mostrado mucho cariño. Incluso en Pamplona hubo manifestaciones para apoyarnos", cuenta a este diario.
Sin embargo, critica a los grupos políticos que han defendido a los agresores: "Me parece lamentable que la Política se inmiscuya en la Justicia. Se pusieron de un lado obviando a otro, y los políticos deberían representarnos a todos", se queja. Aunque Fuentes no quiere hablar de ningún partido en concreto, se refiere claramente a Podemos, que en marzo recibió a familiares de los acusados en el Congreso. Un gesto que ya afeó en este diario la pareja de uno de los agentes apaleados.
Valoración positiva de COVITE
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), que ha ejercido la acusación popular del caso también valora de manera positiva la sentencia. Creen que el fallo constata "la gravedad de una brutal agresión y las motivaciones políticas que movieron a los agresores, que apalearon a las víctimas por su condición de guardias civiles y de parejas de guardias civiles".
Hacen hincapié además en que "el tribunal ha considerado dos de las tres agravantes solicitadas en su escrito de conclusiones: la discriminación o el odio y el abuso de superioridad".
Las defensas recurrirán
Los abogados de los acusados ya han anunciado que recurrirán la sentencia. Aunque ven positivo que no se haya apreciado finalmente el delito de terrorismo, lamentan que el Tribunal haya escogido los tipos más altos de cada delito. "Han pasado de una petición de ciencia ficción por parte de la Fiscalía a una pena desproporcionada", explica Jaime Montero, uno de los letrados de los jóvenes condenados en primera instancia.
En este sentido, Montero se muestra crítico con que se les esté penando "en el margen del homicidio". También se queja de que la Sala haya aceptado agravantes solicitados por la acusación "una vez el juicio se encontraba avanzado".