Los cinco retos de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha jurado el cargo en un momento en el que las principales asociaciones de jueces y fiscales están reclamando medidas para conseguir una Justicia más independiente y moderna, en virtud de la que piden más inversión y personal.

Delgado lo sabe bien, porque ella misma participó en la huelga de jueces y fiscales como miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) el pasado 22 de mayo. Precisamente por eso, se espera que luche por las reivindicaciones que llevó a la calle. "Si no lo hiciera, sería una absoluta contradicción", sostiene Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), quien también afirma ser consciente de que necesitará un buen equipo de técnicos para tomar las medidas necesarias.

Los representantes de las principales asociaciones de jueces y fiscales coinciden en que han recibido su nombramiento "con esperanza" aunque prefieren ser cautos a la espera de "actos concretos". Estos son los principales cambios que, según los expertos, deben impulsarse desde el Ministerio de Justicia.

Reto 1. Justicia independiente

Todas las asociaciones han reclamado ya la despolitización del Consejo General del Poder Judicial. Piden que sus miembros sean elegidos por jueces para evitar cualquier manejo por parte de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados.

Los fiscales, por su parte, también esperan que la nueva ministra tome medidas para que la elección de los miembros del Consejo Fiscal sea menos arbitraria y se seleccione a los responsables de las distintas provincias atendiendo a criterios objetivos y homogéneos. En este sentido, el nombramiento del Fiscal General del Estado, que Delgado debe comunicar en los próximos días, será un botón de muestra para sus hasta ahora compañeros. Si elige a alguien de su propia asociación, algunos se sentirán defraudados, como han manifestado fuentes fiscales al diario EL ESPAÑOL. 

Reto 2. Modernización 

La implantación del plan conocido como 'Papel Cero' por parte del ministro Rafael Catalá, con el que se buscaba digitalizar el sistema judicial, no ha tenido buenos resultados. Más bien ha traído consigo una ralentización de la labor de los profesionales, quienes esperan soluciones y mejoras en el sistema.

Reto 3. Inversión

Ante el aumento de litigiosidad, las asociaciones de jueces y fiscales vienen reclamando la creación de nuevos juzgados, así como la mejora de las instalaciones de los ya existentes. 

Para igualar al personal de la media europea, deberían convocarse unas 250 plazas de jueces al año, de aquí a cuatro años en adelante, según reclama la magistratura. Los fiscales también reclaman más personal porque, como recuerda Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, algunas investigaciones de gran envergadura en nuestro país se están sosteniendo tan solo con uno o dos miembros del Ministerio Público, lo que conlleva que se ralenticen.

Reto 4. Plazo de las instrucciones

El incremento de personal y medios técnicos favorecerían la rapidez de la Justicia, pero, a la espera de que se tomen esas medidas, otra de las reclamaciones tiene que ver con el tiempo máximo de las instrucciones.

No son pocas las voces que piden una modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un tiempo máximo de seis meses para las diligencias de investigación, que para la mayoría de las causas que no son declaradas complejas (en cuyo caso la instrucción se puede prolongar hasta los 18 meses) es insuficiente.

Reto 5. Mejoras salariales

El ministro Rafael Catalá ya había convocado para el próximo 13 de junio la denominada Mesa de retribuciones, en la que se abordarían las principales reclamaciones de las asociaciones de jueces y fiscales. 

Éstos reclaman un incremento salarial, pues aseguran que son el cuerpo de funcionarios más perjudicado por la crisis, puesto que vieron sus sueldo reducido en un 10% durante el gobierno de Zapatero y no se ha vuelto a incrementar. Como ejemplo, denuncian el precio de las guardias, de unos 240 euros semanales, muy por debajo de la media europea, según aseguran.