El fiscal del TS desautoriza la querella de Torra contra Rajoy: había justificación para no publicar el Govern

La negativa de Mariano Rajoy a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat el decreto del nuevo Gobierno de Quim Torra que incluía a políticos encarcelados y a prófugos de la Justicia estuvo "plenamente justificada". Así lo aprecia el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, en un informe en el que pide a la Sala Penal que no admita a trámite la querella por prevaricación que Torra ha interpuesto contra el expresidente del Gobierno y contra la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El Ejecutivo de Rajoy rechazó la publicación oficial del decreto 2/2018, de 19 de mayo, por el Torra quiso nombrar consejeros de la Generalitat a Josep Rull y Jordi Turull, en prisión tras su procesamiento por rebelión, y de Antoni Comín y Lluis Puig, huidos a Bélgica. Según Torra, fue una decisión prevaricadora.

Para el fiscal, en cambio, las facultades conferidas en virtud del artículo 155 de la Constitución permitían al Gobierno de España "realizar un juicio de valor acerca de si la resolución de la Generalitat de Cataluña era contraria al ordenamiento".

Tras analizar la Ley 13/2008, de la Generalitat de Cataluña, según la cual "el nombramiento de los miembros del Gobierno surte efecto a partir de la toma de posesión", Navajas indica que "no resulta procedente un 'nombramiento' que posteriormente no pueda surtir efecto jurídico alguno en el 'nombrado'".

El fiscal recuerda que el juez del Supremo Pablo Llarena había acordado la prisión incondicional de Turull y Rull y considera que "el contenido y fundamento" de la decisión judicial "otorgan plena justificación a la decisión del Gobierno de la Nación de no proceder a la publicación del decreto".

Navajas aplica el mismo razonamiento a Comín y Puig, añadiendo que su ausencia del territorio nacional "vulnera el derecho fundamental de los demás integrantes del Parlamento de Cataluña para el ejercicio de algunas funciones parlamentarias esenciales como la de control del Gobierno, que puede exigir su presencia física en el Parlamento".