Jueces para la Democracia apoya cambiar la patria potestad por decreto-ley

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) considera un paso legislativo "necesario" el real decreto-ley 9/2018, que introduce medidas urgentes"de desarrollo del pacto de estado sobre violencia de género y contra el que se han pronunciado distintos juristas y la asociación judicial Francisco de Vitoria.

En un comunicado difundido este jueves, JpD recuerda que las recomendaciones contenidas en el pacto de estado en materia de violencia de género fueron aprobadas por el Parlamento en septiembre de 2017 y, pese al tiempo transcurrido, "no se ha puesto en marcha prácticamente ninguna".

El pacto preveía que las medidas se desarrollasen en seis meses, plazo que "ha transcurrido con creces". Durante este año 2018, 26 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o exparejas y en su mayor parte no habían interpuesto denuncia.

"Tratándose de la protección de mujeres y menores, que ven afectados derechos tan relevantes como el derecho a la vida, libertad y seguridad personal, a la integridad física y psicológica de las personas (...) no podemos afirmar la inexistencia de urgencia alguna para alcanzar  la puesta en práctica de las medidas", sino que "más bien consideramos necesarias e imprescindibles las reformas legislativas encaminadas a conseguir su efectividad".

También recuerda que entre las recomendaciones aprobadas está la de desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de  género del ejercicio de la patria potestad y, en consecuencia, modificar el artículo 156 del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica queden fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, tal como hace el real decreto-ley.

"La patria potestad, junto con las facultades parentales de los progenitores, debe contemplar el ejercicio de las mismas en interés del menor, por lo que la protección de éste mediante apoyo psicológico cuando exista una causa penal por malos tratos o abuso sexual no cercena el ejercicio correcto y adecuado de la potestad parental que otorga la patria potestad, sino que garantiza la atención y apoyo del niño o de la niña en supuestos de riesgo o daño causado por quien está incurso en causa penal por los citados delitos", sostiene la asociación judicial.

El pronunciamiento es consecuencia de un debate entre los expertos en violencia de género de Juezas y Jueces para la Democracia, que finalmente han determinado una postura a favor del decreto-ley. En un primer momento fuentes de la asociación mostraron a Efe el malestar por parte de algunos asociados con las medidas aprobadas por el Ejecutivo el pasado 3 de agosto por esa vía legislativa excepcional.