La demanda de Puigdemont contra Llarena será juzgada por un tribunal especial con tres jueces

La demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, será juzgada por una sala especial con tres jueces. Así lo había solicitado el abogado que representa a Llarena y al Estado español, Hakim Bourlabah, alegando que se trata de un caso extraordinario. El presidente del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas ha aceptado la petición, según ha anunciado este martes la juez, Anne Dessy, durante la segunda vista del caso.

Es muy poco frecuente que una demanda civil en Bélgica sea juzgada por una sala de tres jueces. Lo normal es que se ocupe un único magistrado. Sólo los casos de mucha complejidad, que atraen gran interés mediático o en los que interviene otro Estado se remiten a la sala 75 del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, la única que tiene tres jueces.

El hecho de que la decisión sobre la demanda sea adoptada por tres jueces aumenta además las garantías de independencia e imparcialidad. Y permite contrarrestar cualquier sesgo que pueda tener un magistrado individual. Algo que inquieta a las autoridades españolas, sobre todo porque un juez belga ya denegó, por defectos formales, la euroorden cursada por España contra los exconsellers Antoni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret.

Además, contra la sentencia por la demanda civil del expresidente de la Generalitat contra Llarena no cabe recurso. Ello se debe a que Puigdemont y sus exconsellers huidos sólo han pedido una indemnización de un euro. La legislación belga establece que para que se pueda recurrir en una demanda civil debe pedirse una indemnización mínima de 1.860 euros.

Seis semanas para decidir el calendario

Ahora un juez tendrá que decidir sobre el calendario del procedimiento, dado que los abogados de Puigdemont y de Llarena no se han puesto de acuerdo. El abogado del juez, Hakim Bourlabah, quiere que las primeras sesiones del juicio se centren en la cuestión de la inmunidad de jurisdicción de España. Es decir, en determinar si la denuncia es admisible y si Bélgica es o no competente para examinarla. La estrategia de Bourlabah se centra precisamente en cuestionar la jurisdicción de los tribunales belgas.

En contraste, los abogados de Puigdemont -Paul Bekaert, Christophe Marchand y Gonzalo Boyé- reclaman a la jueza debatir simultáneamente tanto la admisibilidad como el fondo del asunto. El expresidente de la Generalitat acusa a Llarena de vulnerar su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo por unas declaraciones que hizo a la prensa en Oviedo en febrero. 

Las dos partes disponen ahora de un plazo de un mes para presentar alegaciones sobre el calendario. Los jueces deberán tomar una decisión en seis semanas. La vista oral podría celebrarse en febrero o marzo, calculan los abogados.

Tal y como había anunciado en la anterior vista, el Estado español se ha personado en el procedimiento en defensa de su inmunidad de jurisdicción y del juez Llarena. El escrito para intervenir en la causa se presentó este lunes 23 de septiembre. El representante del Estado español será el mismo que el de Llarena, el abogado Bourlabah.

El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, en el que trabaja Bourlabah, la representación en este caso del Estado español y de Llarena. El valor del contrato asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros.