PSOE, PP y Podemos pactan una reforma que aumenta el control político sobre los jueces

A espaldas del Consejo General del Poder Judicial, cuya opinión no se ha recabado, PSOE, PP, Podemos y PNV han pactado una nueva reforma del órgano de gobierno de los jueces que amplía la obligación del presidente y de los vocales de rendir cuentas de sus actividades y del funcionamiento de la Justicia en el Parlamento.

Paralelamente, las fuerzas parlamentarias han hecho caso omiso de los informes Greco del Consejo de Europa, que vienen insistiendo desde hace años en la necesidad de que "las autoridades políticas no intervengan en ninguna etapa del proceso de selección" del Consejo General del Poder Judicial.

Lejos de ello, el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que entrará en vigor de forma inmediata para que pueda ser aplicado a la renovación del CGPJ prevista para diciembre- mantiene la elección por las fuerzas políticas de los 20 vocales del Consejo.

Tampoco se han introducido otras medidas de despolitización como la supresión de la figura del magistrado autonómico, un jurista propuesto por el respectivo Parlamento autonómico que pasa a formar parte directamente de la carrera judicial sin necesidad de prueba alguna y es destinado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior. Es la Sala competente para investigar y juzgar, precisamente, a los aforados autonómicos.

La reforma introduce novedades en el contenido de la Memoria de funcionamiento de la Justicia que el presidente del Poder Judicial tiene que presentar anualmente en el Congreso. A partir de ahora se deberá introducir un capítulo sobre el uso de las lenguas cooficiales -en particular, por los jueces- y otro sobre "la actividad del presidente y vocales del CGPJ con gasto detallado".

En la misma línea de un mayor control, y aparte de la dación de cuenta referida a la Memoria, se ha establecido una nueva previsión en el sentido de que "para contribuir a un mejor conocimiento del estado de la Justicia, con datos actualizados, anualmente el presidente del CGPJ (...) comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre los aspectos más relevantes del estado de la Justicia en España, en el marco de sus competencias".

De forma novedosa se abre la puerta a que el Congreso pueda reclamar la comparecencia de cualquier vocal del Consejo en relación a "las funciones que le han sido encomendadas". Se afirma que es una previsión "excepcional", que debe ser autorizada por la Mesa de la Cámara previa petición de dos grupos parlamentarios.

20 cargos con dedicación exclusiva

La reforma echa marcha atrás en los cambios introducidos en el funcionamiento del CGPJ en 2013, cuando el legislador, considerando que las competencias atribuidas al Consejo no dan para 20 vocales con dedicación exclusiva y sueldos anuales que este año ascienden a 116.000 euros, dio ese estatus sólo a los miembros de la Comisión Permanente. El resto de vocales mantienen sus trabajos de origen y únicamente cobran dietas por asistencia.

En el nuevo CGPJ se vuelve a la dedicación exclusiva de todos los consejeros. Además, será un Consejo con presencia paritaria de hombres y mujeres puesto que se ha aceptado una enmienda de ERC en ese sentido.

El Pleno del Consejo añade a sus actuales competencias la de controlar a la Comisión Permanente por vía de recurso y una cláusula general que le permitirá decidir sobre "aquellos asuntos que, por razones excepcionales, acuerde recabar para sí".

A lo largo del mandato del CGPJ, todos los vocales podrán formar parte de la Comisión Permanente, que seguirá siendo el corazón del órgano de gobierno y conservará la relevante competencia de proponer a los candidatos a cargos judiciales discrecionales.

Nombramientos judiciales

Los nombramientos de presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores y Audiencia Nacional, así como de presidentes de Sala y jueces del Supremo son objeto de relevantes cambios. La reforma trata de objetivar esa importante competencia del CGPJ estableciendo que las bases de la convocatoria, aprobadas por el Pleno, "establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto".

Asimismo, la convocatoria "señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato" y todas las propuestas de nombramiento deberán "consignar individualmente la ponderación de cada uno de los méritos de la convocatoria".

La nueva ley limita a un máximo de dos los mandatos de los presidentes de las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores y Audiencia Nacional, por lo que sólo podrán estar en esos cargos un total de 10 años. Lo mismo se aplica a los presidentes de las Salas de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores.

Declaración de bienes de los jueces del Supremo

Los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo deberán efectuar una declaración de bienes y quedarán sujetos a las medidas de control de activos financieros establecidas en la ley de altos cargos de la Administración General del Estado.

La reforma también somete a esa obligación a los presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores y Audiencia Nacional.

En lo que se refiere al régimen disciplinario de los jueces hay una sola modificación consistente en ampliar a un año la duración del procedimiento sancionador, que ahora no puede exceder de seis meses. La falta de audiencia al CGPJ tiene en este apartado una especial incidencia, ya que tanto la Comisión Disciplinaria como el promotor de la acción disciplinaria han echado en falta en ocasiones una tipificación más precisa de ciertas conductas.

C's: "Mangoneo del Poder Judicial"

Ciudadanos es el único grupo parlamentario que se ha opuesto a esta reforma, que considera un "mangoneo" de la Justicia que permitirá a socialistas y populares "repartirse el CGPJ con Podemos y algún independentista". Su portavoz, Ignacio Prendes, ha manifestado durante el debate del Pleno del Congreso, celebrado este martes por la noche, que este cambio, realizado "sin los informes preceptivos y sin la participación de los operadores jurídicos", "blinda el nombramiento político y partidista de los miembros del CGPJ, que era lo que Greco nos había pedido suprimir".

Prendes añadió que la reforma contiene "bombas de relojería" como la de permitir que el Congreso convoque al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a cualquier vocal "para pedirles explicaciones". "Eso se llama intromisión de un poder en otro poder", indicó el portavoz de C's, que acusó a PSOE y PP de "no saber lo que significa la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes".

Los portavoces del PSOE, PP y Podemos subrayaron el amplio consenso de la reforma y criticaron a Cs por su incapacidad de llegar a acuerdos. La reforma fue aprobada con 294 votos a favor (PP, PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís) y sólo Ciudadanos mostró su rechazo frontal, mientras que ERC y PDeCAT se abstuvieron.