La Abogacía del Estado acusará de sedición y malversación a los líderes del procés y la Fiscalía mantendrá la rebelión

Las presiones de los sectores independentistas catalanes para que el Gobierno socialista haga un "gesto" a cambio del apoyo de los Presupuestos Generales del Estado no han hecho mella en la Fiscalía, que mantendrá la acusación de rebelión agravada por el uso de fondos públicos contra el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el principal responsable del proceso de secesión unilateral de Cataluña en ausencia del prófugo Carles Puigdemont.

En cambio, la Abogacía del Estado (dependiente del Ejecutivo), que el pasado agosto pidió abrir el juicio oral del procès por todos los delitos que han sido objeto de investigación y procesamiento -rebelión, malversación y desobediencia-, ha renunciado la primero de ellos. El abogado del Estado acusará por sedición y no sólo por malversación de fondos.

La Fiscalía presentará este viernes en el Tribunal Supremo el escrito de conclusiones provisionales en la causa sobre el 'procés' y dirigirá la acusación contra los procesados por el juez Pablo Llarena que se encuentran a disposición de la Justicia española, entre ellos los también exmiembros del Gobierno de Puigdemont Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. Los cinco serán acusados también de rebelión agravada por el empleo ilícito de fondos públicos, aunque con una petición de pena inferior porque se considera que su responsabilidad también ha sido menor a la de Junqueras, número dos del Govern y consejero de Economía.

Los fiscales del Supremo también acusarán de rebelión, aunque sin la agravación derivada de la presunta malveración de fondos, a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.

Otros tres exmiembros del Gobierno catalán -Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila- serán acusados de delitos de malversación de caudales públicos y de desobediencia, pero no de rebelión.

Finalmente, los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, serán acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional por tramitar las leyes de ruptura con España pese a la prohibición del TC.

El papel de Trapero

De modo coordinado, y también por rebelión, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentará este viernes su escrito de acusación contra el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, el ex director de los Mossos Pere Soler, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

Los cuatro fueron procesados el pasado abril por la entonces jueza instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que apreció delitos de sedición y organización criminal.

La Fiscalía no está vinculada por esta calificación delictiva y entiende que los hechos objeto del procesamiento constituyen una participación en la rebelión.

Esos hechos, referidos al acoso a la comisión judicial que registró la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y la celebración del referéndum del 1-O, forman parte del relato acusatorio que se formalizará ante el Supremo y que es fundamento esencial de la acusación por rebelión, de manera que no sería coherente que ese tipo delictivo no se mantuviera en la acusación que se sostendrá en la Audiencia Nacional. Durante la instrucción de la causa ante el Supremo la Fiscalía fue partidaria de incluir a Trapero, a lo que Llarena se negó.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha decidido ir más allá de la malversación e incluir en su escrito de calificación provisional el delito de sedición. El Gobierno ha optado por no presentar el cargo de rebelión, el más grave de los investigados, aunque las penas por sedición también son altas: van de 10 a 15 años de cárcel cuando es cometida por una autoridad, como es el caso de los exmiembros del Govern.

El abogado del Estado se personó en la causa del Supremo como acusación particular el pasado febrero ante la aparición de indicios de malversación de fondos pertenecientes al erario catalán. La investigación ha concluido que, presuntamente, del presupuesto catalán se detrajeron o comprometieron fondos por valor de 1,6 millones de euros, lo que constituiría una malversación agravada, castigada con prisión de 4 a 8 años, que puede elevarse a una pena de 6 a 12 años en función de la cuantía malversada que resulte de la prueba. 

No obstante, una vez que es parte en la causa el abogado del Estado no está legalmente limitado a acusar por malversación. En el caso de los principales implicados, la suma de los delitos de sedición y malversación podría elevar la petición de pena a 16 años de cárcel.

El partido político Vox, personado como acción popular, presentará su escrito de calificación provisional el próximo lunes, último día del plazo.