El fiscal deja en evidencia a Montoro: el Govern 'burló el control estatal de las cuentas'

Cuando el pasado abril el entonces responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó que "ni un euro" de fondos públicos se utilizaron para financiar el referéndum ilegal del 1-O la satisfacción de los encausados por el 'procés' fue proporcional al malestar de la Fiscalía y del juez instructor Pablo Llarena.

Ambos vieron comprometida su posición y tuvieron que dar explicaciones adicionales al Tribunal de Schleswig-Holstein, que en aquel momento tenía en sus manos la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española. El propio magistrado del Tribunal Supremo se vio obligado a requerir al ministro para que explicara sus afirmaciones después de que los procesados utilizaran a su favor las palabras de Montoro.

El incidente no ha empañado el criterio de la Fiscalía, que ha incluido el delito de malversación de fondos públicos en su escrito de conclusiones provisionales contra los acusados de imponer la secesión unilateral de Cataluña. Y el documento se vuelve como un boomerang contra Montoro: ahora es él el que no sale bien parado.

El escrito de acusación relata que en los meses anteriores al referéndum ilegal del 1-O, "como quiera que el Gobierno de la Generalitat ya había decidido celebrarlo, con o sin la anuencia del Estado", los exconsejeros empezaron a hacer preparativos para que los gastos de la consulta fueran financiados con fondos públicos.

"Los preparativos y los gastos se hicieron burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat", afirman los fiscales, que narran que, pese a que desde 2015 se impusieron obligaciones de información periódica a todo el sector público catalán y restricciones al pago de facturas, esos requerimientos de informe y certificación periódicas, incrementados en 2017, "se cumplieron sólo formalmente".

De esta manera, los distintos departamentos del Govern, con el "concierto previo" de todos sus titulares, efectuaron "una serie de gastos para organizar el referéndum y el proceso de declaración de independencia, burlando al mismo tiempo los controles establecidos en garantía de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" de Cataluña.

Parte de esos fondos fueron efectivamente desembolsados y otros gastos "están certificados y reconocida la obligación de su pago", por lo que el erario público catalán "sufrió un detrimento", señala el escrito de la Fiscalía.