El fiscal para los pies a la Abogacía del Estado tras plegarse a órdenes partidistas de Sánchez

"La Abogacía del Estado se va a personar como acusación particular en el procedimiento penal abierto contra la Comunidad de Madrid", anunció con solemnidad el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados el 12 de septiembre en referencia a la causa judicial en la que se investiga la venta de 2.935 viviendas sociales a un fondo privado de inversión, acordada en 2013 por el Gobierno regional de Ignacio González.

"No nos va a temblar la mano para que las Administraciones que están detrás de este intolerable abuso, que ha afectado a tantas personas humildes, sin recursos, asuman sus responsabilidades políticas y económicas", añadió Pedro Sánchez. La causa judicial no se dirige, en realidad, contra la Comunidad de Madrid sino de forma personal contra dos exdirectores del antiguo Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid), hoy Agencia de la Vivienda Social.

Ese mismo día tuvo entrada en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid la petición de personación del abogado del Estado, que cayó como una bomba en el PP madrileño. El impacto del anuncio de Sánchez fue mayor porque eligió una fecha nada casual para hacerlo: 24 horas antes de que comenzara el debate del Estado de la región.

"A Pedro Sánchez le pediría que, si tiene un ratito entre que habla con separatistas y radicales, reciba al presidente de la Comunidad de Madrid (...), que me escuche y que no haga daño a la CAM”, manifestó visiblemente molesto el presidente de Gobierno regional, el popular Ángel Garrido.

A la postre, la personación del abogado del Estado a las órdenes de Sánchez no está resultando pacífica: ha sido impugnada por las defensas de los dos investigados y -lo que es más inusual- por la propia Fiscalía.

El Ministerio Público se ha adherido a los recursos que propugnan la expulsión del abogado del Estado de la causa con un escrito que es incluso más extenso que los de los defensores. También de forma inusual, el documento no sólo lleva la firma del fiscal del caso sino también la del fiscal decano de la sección de delitos económicos, Enrique Remón.

"Estando legalmente fundados, el Ministerio Fiscal se adhiere a ambos recursos y solicita (...) declarar la falta de legitimidad al abogado del Estado para intervenir en esta causa como acusación particular", señala el escrito.

Tras enfatizar la "tardía" personación de la Abogacía del Estado en un procedimiento que lleva ya cuatro años y siete meses de instrucción, el fiscal sostiene que el defensor del Estado "no ha acreditado que haya sufrido un perjuicio" como consecuencia de la venta de las 32 promociones de viviendas sociales del Ivima a la sociedad Encasa Cibeles, participada por Goldman Sachs y Azora.

Acreditar el perjuicio

El fiscal reprocha con dureza al abogado del Estado que "no haga referencia ni aporte documentación alguna" que justifique la legitimación que alega tener para actuar como acusación particular. No consta el acuerdo del Ministerio de Fomento por el que "de manera concreta se adjudica subvención o se asignan fondos públicos o partida presupuestaria a la Comunidad de Madrid referida a la construcción de las 32 promociones a que se refiere el procedimiento penal". Tampoco consta que el Ministerio haya efectuado alguna actuación de comprobación o seguimiento de esas promociones ni hay indicio de que se haya iniciado un expediente de recuperación de fondos.

Además, la personación del Estado "basada en el supuesto perjuicio alegado, aunque nunca precisado ni justificado, estaría en contradicción con la autorización del propio Ministerio de Fomento a la subrogación de Encasa Cibeles a los contratos de préstamos a la hora de adquirir las promociones de viviendas", subraya el fiscal.

El Ministerio Público sostiene que el Estado sólo está legitimado para actuar como acusación particular si aparece como "perjudicado directo" del delito. "Se trata de un interés patrimonial específico", explica, "diferente del que motiva la intervención del fiscal en el marco de una misión constitucional de garante de la legalidad y del interés público tutelado por la ley".

En este caso, considera, esa lesión patrimonial a la Administración del Estado no ha sido acreditada. Es la Comunidad de Madrid -que, además, tiene competencias exclusivas sobre vivienda- la que podría ostentar la condición formal de perjudicada, señala.

"Lo que no es admisible es la pretensión del Ministerio de Fomento de presentarse como víctima por los delitos que se investigan", añade. "No lo es en ningún caso como consecuencia de los presuntos delitos cometidos ni como titular de la Administración en cuyo seno se habrían cometido. La pretensión procesal de la Abogacía del Estado entraña una inevitable confusión entre administración central y autonómica, en contradicción con los principios que vertebran la organización territorial del Estado", argumenta la Fiscalía, que concluye que el abogado del Estado "deberá ser apartado del proceso".