658 periodistas llevan al CGPJ su intensa alarma por la retirada de móviles a redactores en Mallorca

Periodistas de prácticamente todos los medios escritos y audiovisuales españoles (también los mallorquines) han apoyado un escrito que esta mañana se ha entregado al Consejo General del Poder Judicial, en el que trasladan su "intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20 de la Constitución (secreto profesional) producida en el caso Cursach".

Éstos denuncian al órgano de los jueces el "ataque desproporcionado al derecho a la información que sienta un precedente gravísimo" con dicha decisión. Igualmente, le alertan de que "en 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos" y denuncian los hechos.

Se refieren a la decisión del juez Miquel Florit, apoyada por la Fiscalía, de requisar los móviles y ordenadores portátiles, es decir, sus herramientas de trabajo, a los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca y Blanca Pou, de la agencia Europa Press, como una de las diligencias acordadas en una pieza en la que se investiga una presunta revelación de secretos tras la publicación de una información en estos medios el pasado verano, a petición de los abogados del magnate mallorquín Tolo Cursach y su mano derecha, Tolo Sbert, principales investigados del caso.

Los periodistas no están siendo investigados en esta pieza y por lo tanto no pueden defenderse como tales, sin embargo, la Policía les requirió la entrega de sus móviles y toda la documentación del caso, para lo que solicitaron el registro de las redacciones. En Diario de Mallorca, los propios redactores hicieron una barrera humana y se negaron a dejar entrar a la Policía. Tanto la agencia Europa Press como el diario mallorquín han anunciado ya que iniciarán acciones legales.

Escrito a FGE y Consejo Fiscal

Este miércoles, las responsables de Tribunales de la agencia Europa Press, Cristina Gallardo, y de este diario, María Peral, entregaron a la fiscal general María José Segarra un escrito denunciando la "decisión impropia de la fiscalía, defensora de la legalidad, de avalar la realización de entradas y registros en medios de comunicación de Palma de Mallorca". Segarra prefirió no hacer ninguna manifestación sobre este tema y dijo que "la Fiscalía vela por el derecho a informar".

Los periodistas remitieron también el escrito al Consejo Fiscal que se reunía la misma mañana. Los representantes fiscales manifestaron que "siendo sensibles a la preocupación señalada en el escrito remitido, en nuestra condición de Vocales del Consejo Fiscal no nos corresponde manifestarnos en modo alguno ni entra dentro de nuestras competencias pronunciarnos sobre un procedimiento penal en tanto en cuanto podríamos interferir en el desarrollo de una investigación judicial".

Ataque injustificado

Ahora, los periodistas se dirigen al órgano de representación de los jueces y manifiestan que la retirada de los móviles a periodistas les parece un "ataque desproporcionado al derecho a la información que sienta un precedente gravísimo".

"El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de relevación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa, representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas. Sin ellas, la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece", se lee en el contundente escrito.

"Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no puede permanecer ajeno a este despropósito. Apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas", le solicitan.