Juicio al 'procés', la hora de la verdad

2019 será el año decisivo en el que los jueces determinarán si fue o no rebelión el proceso de secesión unilateral de Cataluña que culminó el 27 de octubre de 2017 con la declaración de independencia aprobada por el Parlament.

Rajoy -inactivo espectador del 'procés' hasta ese momento, en el que ya no le quedó más remedio que aplicar el artículo 155 de la Constitución- endosó a los tribunales la reacción a la DUI cuando los hechos ya estaban consumados. Ahora, la estrategia de distensión en la que se empeña un Gobierno de signo distinto, el de Pedro Sánchez -para inquietud de los barones socialistas, que ven peligrar los votos en el conjunto del Estado-, choca con una maquinaria penal del Tribunal Supremo que, una vez puesta en marcha, es imparable.

La política del enfriamiento con Cataluña ha tenido su reflejo en el proceso judicial. La Abogacía del Estado, que a lo largo de la instrucción apoyó la existencia de indicios de rebelión, rebajó sus pretensiones de condena a sedición y malversación de fondos públicos cuando llegó el momento de presentar el escrito de acusación. La atenuación en la petición de penas es notable: si la Fiscalía reclama 25 años de cárcel para el exvicepresidente Oriol Junqueras, la Abogacía del Estado solicita 12 años. El Ministerio de Justicia tomó el control del escrito de acusación -en el que, en una ridícula censura de hechos, no hay ni una sola alusión a los enfrentamientos violentos que se produjeron el 1-O o a la existencia de heridos- e incluso cesó al abogado del Estado que hasta entonces se había encargado del 'procés', Edmundo Bal, partidario de acusar por rebelión.

El juicio ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, previsto para finales de enero o principios de febrero, tendrá una ausencia destacada, la del expresidente Carles Puigdemont, que verá el 'miura' desde la barrera de Bruselas. Prófugo de la justicia junto a tres de sus exconsejeros, el magistrado que instruyó la causa, Pablo Llarena, no encontró una respuesta positiva ni en Alemania ni en Bélgica para la entrega del principal de los actores del proceso de secesión.

Llarena acabó retirando todas las euroórdenes, pero los huidos saben que no pueden poner un pie en España y que, en caso de que sus compañeros de viaje sean condenados, les espera una larga estancia en el extranjero.

El número 13 de Barcelona

No será la única complicación para sus vidas en el año que ahora empieza. El Tribunal de Cuentas acaba de abrir una investigación preliminar contra Puigdemont y todos sus exconsejeros para investigar los gastos con fondos públicos que se produjeron en el ilegal referéndum independentista del 1-O. Una investigación similar respecto al 9N ha acabado con una condena por responsabilidad contable contra sus predecesores Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, que deberán devolver 4,9 millones de euros indebidamente detraídos del erario catalán.

Durante 2019 cristalizará la investigación sobre los preparativos del 1-O realizada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. De su relevancia da fe el hecho de que varias pruebas documentales obtenidas en el seno de esas diligencias forman parte nuclear de la acusación que se hará valer ante la Sala Penal del Supremo.

Por el camino han quedado el juez instructor de esas diligencias, Juan Antonio Ramírez, fallecido el pasado 4 de noviembre tras una súbita enfermedad; el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que firmó la querella que dio lugar a la causa del Tribunal Supremo. La celebración del juicio, que presidirá Manuel Marchena después de haber renunciado a ser presidente del Tribunal Supremo en la frustrada renovación del Consejo General del Poder Judicial, será el mejor reconocimiento a todos ellos.

Lo que debes saber

Qué: juicio al 'procés'.

Quién: la Sala Penal del Tribunal Supremo juzga a los principales implicados en la declaración unilateral de independencia no huidos.

Cómo: con la declaración de los acusados y testigos previstos y las pruebas propuestas.

Cuándo: finales de enero o principios de febrero.

Dónde: en la sede del Tribunal Supremo.

Por qué: para establecer las eventuales responsabilidades penales relacionadas con el proceso que condujo a la declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre de 2017.