El CGPJ advierte a Torra de que pedirá que la Guardia Civil proteja a los jueces si los Mossos no lo hacen

"Bajo ningún concepto pueden volver a repetirse". Los ataques a las sedes judiciales reivindicados en los últimos días por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDS) han dado lugar este jueves a un duro acuerdo del Consejo General del Poder Judicial en el que se denuncia la "tolerancia" de la Generalitat de Cataluña con esas acciones.

"Como bien ha indicado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los ataque son intolerables y, sin embargo, no queda otro remedio que afirmar que se han tolerado", afirma el CGPJ, que considera que a esa conclusión lleva la "evidente falta de aplicación de medios para prevenirlos e impedirlos por parte de la Administración autonómica, que es la competente para llevar a cabo esa tarea".

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha analizado en su reunión de este jueves un informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, sobre los ataques llevados a cabo por los CDR en una veintena de sedes judiciales de Cataluña en la madrugada del domingo al lunes pasados. El escrito se refiere también a otras agresiones registradas en los últimos meses: amenazas contra determinados magistrados, pintadas insultantes, rotura de cristales en los Juzgados, retirada de la bandera española, encadenamientos al Palacio de Justicia de Barcelona. 

Miembros de los CDR encapuchados./ Twitter

El CGPJ ya se pronunció sobre esas acciones en acuerdos adoptados el 15 de noviembre y el 7 de diciembre pasados en los que pidió a los poderes públicos que aseguren las condiciones de sosiego con las que los jueces deben desarrollar su trabajo.

Ataque el pasado lunes en los Juzgados de Mollet./ Twitter

Pero las agresiones continúan, una situación que, para el órgano de gobierno del Poder Judicial, deriva no sólo del comportamiento de quienes "de manera constante violan la ley atacando las sedes judiciales" sino también "de las autoridades administrativas que no han adoptado las medidas necesarias para prevenir e impedir esos ataques".

'Plan Toga'

El Consejo ha analizado el 'Dispositivo Toga', un plan elaborado por los Mossos d'Esquadra, dependientes del Departamento de Interior de la Generalitat. Una conclusión "desalentadora", resume el CGPJ. El documento "no indica los medios y agentes que serán asignados y no dice en ningún momento que todas y cada una de las sedes judiciales serán vigiladas y que lo serán en todo momento, tanto en horario diurno como nocturno, para evitar unos ataques que, a estas alturas, ya no tienen nada de imprevisibles ni de improbables", afirma el acuerdo de la Comisión Permanente.

El 'Dispositivo Toga', elaborado el 15 de enero, acaba de ser rectificado por los Mossos precisamente en el sentido de habilitar una custodia permanente de todas las sedes judiciales. Ese despliegue ha comenzado este jueves, después de que Barrientos reclamara a la Policía autonómica que proporcione una «vigilancia policial presencial y permanente a la totalidad de las sedes judiciales de las Audiencias Provinciales y los cuarenta y nueve partidos judiciales de Cataluña».

El CGPJ se alegra de que "por fin" se estén adoptando medidas "que parecen apuntar en la línea correcta, aunque haya tenido que ser tras múltiples requerimientos y, finalmente, órdenes perentorias". Pero considera que "ésta es una situación que bajo ningún concepto puede volver a repetirse" y, por ello, ha dado instrucciones a Barrientos para que proporcione "información puntual y permanente de los dispositivos de seguridad, informando sobre su suficiencia y efectividad".

El acuerdo añade que "en caso de que, a partir de esos informes, se concluyese que la suficiencia y efectividad de los dispositivos ha resultado cuestionable, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del Gobierno de la Nación para que articule los medios jurídicos y materiales necesarios de colaboración y coordinación para proporcionar a las sedes judiciales la debida protección con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Ello significaría que la Guardia Civil, en los municipios, y la Policía Nacional, en Barcelona, se encargarían de custodiar las sedes judiciales. No sería la primera vez que el Poder Judicial en Cataluña reclama la protección de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El pasado 9 de octubre, días después de la celebración del referéndum ilegal de independencia, el presidente del TSJC hizo uso de sus facultades gubernativas para ordenar que la Policía Nacional se sumase a la vigilancia del Palacio de Justicia. 

Barrientos quiso extremar la seguridad del edificio y garantizar el funcionamiento del Poder Judicial "ante la posibilidad de que el Parlament empezara a dar cumplimiento a las leyes de ruptura con España aprobadas el 6 de septiembre anterior, que disponían la supresión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.