Romeva busca excluir de la malversación las campañas independentistas del Diplocat

El exconsejero de Exteriores de Cataluña, Raül Romeva, ha defendido ante el Tribunal que le juzga que no se malversaron fondos públicos desde las oficinas internacionales de Cataluña en el extranjero, conocidas como embajadas catalanas, ni tampoco desde el Diplocat, redes institucionales de las que era responsable y a las que destinó hasta 27 millones de euros del presupuesto de todos los catalanes para promocionar el independentismo. 

En una declaración con tono aleccionador, Romeva ha seguido la misma estrategia de defensa que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y ha contestado únicamente a las preguntas del abogado que ambos comparten, Andreu Van den Eynde. Sí se ha permitido, en cambio, dar una clase sobre el Estatuto de Autonomía catalán al Tribunal y lanzar preguntas retóricas a las acusaciones que él mismo ha contestado para defender que no hubo malversación.  

"El Estatuto de Cataluña establece que el Govern tiene el deber de llevar a cabo su acción exterior con limitaciones. No se permite que la Generalitat actúe como representante del Estado en el exterior, como firmante de tratados que impliquen al Estado y tareas consulares. Pido por favor que alguien me diga cuándo el Govern hizo alguna de estas tres cosas. Si estas tres cosas no se hicieron, en base a qué criterio o a qué acción se considera que no se cumplieron las normas", ha lanzado Romeva.

El exconseller ha defendido que "la diplomacia pública catalana es compatible con el mundo globalizado donde vivimos" y que si alguna vez dio charlas sobre el derecho a decidir de Cataluña en estas sedes fue porque "el derecho a la autodeterminación es legal y legítimo", según ha defendido. Sin embargo, no ha explicado (ni la Fiscalía, ni la acusación popular ni la Abogacía del Estado ha podido preguntarle) por qué destinó millones de euros a la estrategia independentista en el exterior por medio de estas oficinas.

Precisamente en el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide 16 años de prisión para Romeva por los presuntos delitos de rebelión y malversación, el Ministerio Público se refiere a "la financiación de actividades que se desarrollaban en el exterior, como la acción del servicio DIPLOCAT para intenacionalizar el conflicto y obtener el reconocimiento a instancias supranacionales, las campañas de publicidad institucional o las campañas dirigidas a conseguir el voto de los catalanes ubicados en otros países". 

Hombre de paz internacional

En cuanto al delito de rebelión por el que también está procesado, Romeva ha defendido que siempre ha defendido la paz, relatando al Tribunal su pasado como asesor de la UNESCO en Los Balcanes u otros conflictos internacionales. 

"Trabajé en campos de refugiados de Los Balcanes. Tengo varias publicaciones con el título Resarme  y desarrollo o Paz y seguridad en Europa, todos demuestran cuáles son mis convicciones. Ha defendido el exconseller que también se ha considerado un preso político.