Las cosas que sabemos del 'juicio al procés' tras la segunda semana

El juicio a los 12 políticos catalanes acusados de delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos por llevar a cabo un proceso para la secesión unilateral de Cataluña ha tomado velocidad de crucero y se mueve ya entre los parámetros rutinarios de cualquier juicio, incluida la pérdida de la expectación y la indiferencia social.

La normalidad se verá alterada la próxima semana con la comparecencia como testigo de Mariano Rajoy, el presidente que por primera vez aplicó a una comunidad autónoma el artículo 155 de la Constitución. Pero a la espera de ese momento la segunda semana de juicio ha discurrido con una tranquilidad pasmosa, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se enjuician y la entidad de las penas que se reclaman (provisionalmente) por las acusaciones.

Han ocurrido, sin embargo, cosas relevantes, como la aparición en los interrogatorios de los hechos del 20-S (concentración ante la Consejería de Economía durante un registro judicial, con las primeras detenciones de políticos independentistas) y del referéndum ilegal del 1-O. La actuación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, en esos episodios es la columna vertebral de la acusación de rebelión que sostiene la Fiscalía. El Ministerio Público considera que la movilización ciudadana y la previsible producción de enfrentamientos violentos habrían sido utilizadas como "elemento de presión" para "obligar al Estado" a claudicar ante la independencia de Cataluña.

1. Cómo hemos cambiado.

El 15 de junio de 2011, "unas mil personas" se concentraron frente al Parlament de Cataluña convocadas por asociaciones vinculadas al movimiento 15-M, también llamado movimiento de los indignados, para "protestar" por el proyecto de presupuestos presentado por Convergencia, que se debatía ese día.

Los convocantes se autodefinieron como "pacíficos y no violentos" y declararon que "no pretendían impedir el funcionamiento del Parlament sino detener el ataque contra los derechos sociales". La Audiencia Nacional lo apreció así y absolvió a los 19 jóvenes que fueron llevados a juicio por un delito contra las instituciones del Estado, ya que varios parlamentarios fueron increpados y zarandeados y se obstaculizó su acceso al Parlament.

Uno de esos diputados fue Jordi Turull, en aquel momento portavoz del grupo parlamentario de Convergencia. "Varios manifestantes se confrontaron con él", "fue rodeado en la puerta de un garaje y decidió buscar la protección de agentes de policía" y "llegó al Parlament en un helicóptero", rezaban los hechos probados de la sentencia.

No hubo helicóptero para la letrada de la Administración de Justicia ni para los 10 guardias civiles que registraban por orden judicial la Consejería de Economía, rodeada por 50.000 personas el 20 de septiembre de 2017. La funcionaria judicial tuvo que salir por la azotea de un edificio colindante y los agentes no pudieron hacerlo hasta pasadas 16 horas.

Turull -que el 16 de junio de 2011 afirmó que el asedio al Parlament fue "un golpe de Estado del siglo XXI encubierto"- sostuvo el martes que lo del 20-S fue "una protesta cívica y pacífica". Y los coches de la Guardia Civil destrozados y las increpaciones contra la Guardia Civil, cosa de "dos, tres o cuatro" elementos.

Jordi Sànchez remachó el jueves que "mi convocatoria era para protestar y mostrar nuestra indignación frente a la decisión judicial".

"Ahhhh... cómo hemos cambiado", cantarían Presuntos Implicados. Tanto el Parlament como la Generalitat pidieron en su día tres años de cárcel -tres- para los indignados que se encararon, entre otros, con Turull. Consideraron que con "fuerza, violencia, intimidación" trataron de impedir que la asamblea legislativa desarrollara sus funciones.

Y cuando la Audiencia Nacional les absolvió, Parlament y Generalitat no desistieron: recurrieron al Tribunal Supremo. El 17 de marzo de 2015 la Sala Penal les dio la razón y condenó a ocho de los acusados a tres años -tres- de prisión.

El redactor de la sentencia fue quien ahora preside el juicio al procés, Manuel Marchena. El magistrado apreció que lo que le había ocurrido a Turull era muestra de la "eficacia de la acción intimidatoria desplegada por algunos de los acusados y la finalidad de entorpecimiento de las tareas legislativas".

2. ¿Un tribunal represor? 

En el tribunal que condenó a los responsables del asedio al Parlament estaba también Luciano Varela, que hoy forma parte de la Sala de 'procés'. Algunos que ahora se sientan en estrados, como Francesc Homs, elogiaron entonces la condena del Supremo. Nadie habló de que el TS fuera la larga mano represora del Estado, un tribunal de reminiscencias franquistas. O, como dijo el pasado 18 de diciembre la abogada de Cuixart, Marina Roig, "un órgano sensible al poder político" del Estado frente a los disidentes.

Las defensas del 'procés' salieron muy satisfechas de las declaraciones de sus clientes. Y contentas con la manga ancha de Marchena dejándoles explayarse como han querido, incluidos los alegatos puramente políticos, mientras cortocircuitaba a Vox con un celo garantista más allá de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El presidente del tribunal no ha permitido a la acusación popular enunciar las preguntas que quería hacer a los acusados y ha asegurado a éstos que su silencio no va a ser interpretado de ninguna manera en su contra. El Supremo se aparta, así, de la doctrina establecida por la Corte de Estrasburgo, que avala la valoración de silencio de un imputado cuando "los cargos establecidos por la acusación son abrumadores" (caso Murray contra Reino Unido).

La propia Roig logró el jueves la exhibición de vídeos sobre el 20-S y el 1-O cuyo visionado aceptó Marchena a sabiendas de que no eran en absoluto necesarios para el interrogatorio de Jordi Sànchez.

El presidente del tribunal está también dispuesto a aceptar sin inmutarse impertinencias de los acusados como la que le dirigió a él mismo Jordi Sànchez con ocasión de una pregunta de la Fiscalía.

La cuestión se refería un correo electrónico dirigido al entonces presidente de ANC en el que un tal Xabi Strubell proponía cerrar con vehículos las calles adyacentes a los centros de votación del 1-O. "Es la primera vez que veo ese correo", respondió Sànchez. "Habría sido muy interesante llamar de testimonio a Xabi Strubell para que el fiscal le preguntara", añadió.

"Pero el mail va dirigido a usted", insistió el fiscal. "Perdone, no quiero ser impertinente. Hay whatsapps que se han enviado que han comprometido la dignidad y el buen nombre del presidente de esta Sala y, por lo que él ha dicho, no sabía nada de esos whatsapps", zanjó Sànchez en referencia al mensaje del senador del PP Cosidó, adelantado en su día por EL ESPAÑOL.

3. Los fiscales

El fiscal encajó el 'zasca' sin aclarar que el whatsapp de Cosidó no iba dirigido a Marchena, a diferencia del mensaje de Strubell enviado directamente al correo de Sànchez. Tampoco recordó que la respuesta fulminante del magistrado fue renunciar a cualquier posibilidad de ser candidato a presidir el Tribunal Supremo.

Aunque con diferencias entre unos fiscales y otros, ha habido una coincidencia general en la falta de punch del Ministerio Público en el examen a los acusados que han querido contestarle. "Veníamos preparados para más", dijo el jueves Jordi Pina. Lo cierto es que la acusación pública se ha dedicado a hacer las preguntas de las defensas, hasta el punto de que, tras el interrogatorio del fiscal, los letrados apenas han visto la necesidad de repreguntar y han sido llamativamente breves.

El interrogatorio de los acusados nunca es la prueba estrella de la acusación y hay por delante mucho juicio. Pero ha habido errores y confusiones evitables que han dejado en la sala la impresión de que algún fiscal no conoce el procedimiento como debería.

Está por ver si esa impresión tiene alguna traducción jurídica en la sentencia o se limita al efecto mediático. Pero la imagen, en un juicio de esta envergadura, también importa.