Turull, Rull y Sànchez piden al Supremo su libertad para poder hacer campaña

Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, que están siendo juzgados desde el pasado 12 de febrero en el juicio del procés y son candidatos de Junts per Cataluña en las elecciones del próximo día 28, han pedido este miércoles al Tribunal Supremo que les ponga en libertad para poder hacer campaña electoral y también para preparar adecuadamente la vista oral.

Para los acusados, afrontar una campaña electoral privados de libertad "supone un evidente obstáculo para el normal desarrollo de dicha campaña y limita de modo grave sus derechos políticos como candidatos".

Aluden, además, al "prolongado" y "agotador" calendario de las sesiones de la vista, que para los acusados supone "tener que levantarse cada día a una hora muy temprana y regresar muy tarde al centro penitenciario, en horarios que exceden con mucho de una jornada normal de trabajo".

"Ello afecta, obviamente, a su capacidad de atención y a la de sus propios letrados, a lo que se une la evidente falta de tiempo para que abogados y clientes puedan reunirse para analizar la prueba practicada, adaptar o rediseñar las estrategias de defensa y preparar las siguientes pruebas", señalan los escritos firmados por su defensor, Jordi Pina.

Ese ritmo "particularmente exigente" está "muy lejos de los estándares aplicables en cualquier otro país de la Unión Europea o del Consejo de Europa y que les está impidiendo dormir, desayunar y cenar con normalidad", afirma.

"La tesis de esta defensa es sólida y convierte en impensable que, a estas alturas del procedimiento, mis mandantes puedan huir después de haber pasado más de un año en prisión preventiva y se aventuren a tener que vivir en el extranjero durante décadas hasta poder volver a casa".

A ello se une el "fuerte arraigo familiar y profesional" de los acusados en Cataluña y la decisión de presentarse como candidatos a las próximas elecciones generales.

Los acusados afirman que "ofrecen la totalidad de su patrimonio" para salir en libertad bajo fianza y "en compromiso de que no huirán" o propone que se limite sus movimientos a Madrid con controles telemáticos o policiales o se decrete un arresto domiciliario controlado por efectivos policiales.