El TC decidirá sobre el diputado extremeño que se quedó sin sueldo ni despacho tras irse del PP a Vox

Juan Antonio Morales, diputado regional en la Asamblea de Extremadura durante los últimos ocho años, tenía hasta el pasado 11 de julio un sueldo anual de 58.000 euros y un despacho donde desarrollar su dedicación exclusiva a las tareas parlamentarias. Desde esa fecha no tiene despacho, sólo cobra una dieta por las sesiones a las que asiste, únicamente puede hacer dos interpelaciones y dos preguntas al año y está sentado en el escaño 72, alejado de cualquier otro diputado. Es lo que va de ser miembro del Grupo Popular a "diputado no adscrito".

La situación de Morales -hoy cabeza de lista de Vox a las elecciones autonómicas del 26-M por Badajoz- es consecuencia del artículo 39 del Reglamento de la Asamblea extremeña, que la Mesa le aplicó nada más conocer su voluntad de dejar de pertenecer al grupo del PP, en cuyas listas fue elegido. Desde entonces, los populares son 27 diputados -no 28- frente a 30 del PSOE, 6 de Podemos y uno de la Agrupación Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, integrado en el Grupo Mixto.

Morales no fue incorporado al Grupo Mixto porque el citado precepto del Reglamento establece que cuando un diputado "deje de pertenecer a un grupo por voluntad propia o por expulsión" pasará a tener la condición de diputado no adscrito "y no podrá incorporarse a ningún otro grupo parlamentario, ni siquiera al Mixto, durante la legislatura". También "cesará automáticamente en todos los cargos que ostente en los órganos de la Cámara y no podrá ser reelegido para dichos cargos".

El Tribunal Constitucional ha aceptado pronunciarse sobre si la situación de Juan Antonio Morales vulnera, entre otros, el derecho a ejercer el cargo. Una demanda de amparo preparada por el letrado Santiago Milans del Bosch ha superado el estricto filtro de admisión establecido por el TC, que aprecia en ese recurso una "especial trascendencia constitucional" porque "plantea un problema sobre el que no hay doctrina".

La demanda sostiene que la aplicación del artículo 39 del Reglamento de la Asamblea ha colocado a Morales "en un rango inferior o de segunda categoría" respecto a los demás diputados regionales, lo que es una "discriminación contraria a la democracia".

El recurso solicita al TC que se plantee una auto-cuestión de inconstitucionalidad del precepto reglamentario, que, a su parecer, conlleva una "desigualdad injustificada" con los demás parlamentarios autonómicos.

A diferencia del resto de diputados, los no adscritos sólo pueden presentar una interpelación en el pleno de la Asamblea y una pregunta oral a los cargos del Gobierno regional por cada período de sesiones. "Se están cercenando gravemente los derechos de mi representado en aspectos tan nucleares de la función parlamentaria como es el control al Gobierno, que se reduce a ocho interpelaciones en el conjunto de la legislatura. Con todo, es aún más rechazable la limitación de una sola pregunta oral ante la Comisión por periodo de sesiones, clara manifestación de la voluntad de restringir el control al Ejecutivo", sostiene la demanda.

Tratamiento de "apestoso"

Los diputados no adscritos no tienen derecho a las percepciones derivadas de la dedicación exclusiva ni a los derechos económicos propios de los grupos parlamentarios. Aunque el Reglamento no lo prevé, Morales tampoco tiene ya despacho, por lo que la documentación se le entrega por parte de los ujieres en los pasillos de la Asamblea, en el propio escaño cuando se celebra el Pleno o en su propio domicilio.

El nuevo escaño que se le asignó es el número 72 (la Asamblea extremeña tiene en la actualidad 65 diputados), "totalmente aislado" del resto de parlamentarios y ni siquiera próximo al Grupo Mixto. La ubicación, "con escaños vacíos de por medio, marcando una separación a modo de 'apestoso', atenta al honor y a la dignidad del diputado que decide, por razones políticas y democráticas, salir del grupo parlamentario al que pertenecía", indica la demanda de amparo.

La defensa de Morales ha pedido al TC la suspensión del acuerdo de la Mesa, medida cautelar sobre la que aún no hay decisión pero que, previsiblemente, se solapará con la constitución de la nueva Asamblea resultante de las próximas elecciones.