El Gobierno pregunta al juez qué pagos de fondos reservados a 'el Gordo' necesita desclasificar

El Gobierno ya ha contestado a la petición del juez que instruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, de desclasificar la información sobre los fondos reservados destinados a la unidad que dirigió el comisario Enrique García Castaño entre los años 2005 y 2017 con el fin de que pueda declarar como investigado sin incurrir en una revelación de secretos oficiales. 

El Consejo de Ministros pide al instructor que acote y concrete la información que considera necesario desclasificar. Es decir, que delimite por fechas u operaciones las cantidades con cargo a los fondos reservados asignadas a el Gordo como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo o en la Comisaría General de Información.

La intención del magistrado es que García Castaño aclare la procedencia de los 600.000 euros en total que entraron y salieron de una bancaria de su titularidad. El comisario defiende que ingresaba las entregas de fondos reservados en una cuenta suya y después los sacaba para repartir a quien correspondía.

Para que pueda detallar de dónde procedían esos fondos en sede judicial, García-Castellón pidió el pasado 28 de marzo al Consejo de Ministros todas las cantidades con cargo a los fondos reservados que se le hubieran asignado durante más de una década. Una solicitud que el Gobierno pide ahora acotar.

El tándem Villarejo-García Castaño

El juez investiga a los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño como miembros de una organización criminal que, aprovechando su posición en la Policía Nacional y los datos confidenciales a los que podían acceder gracias a ello, habrían realizado trabajos privados de espionaje y cobrado millones de euros utilizando el chantaje, las amenazas o las presiones.

A medida que avanza la instrucción del caso Tándem en el Juzgado Central de Instrucción número 6, cada uno de esos trabajos ha dado lugar a una pieza separada: la del BBVA, sobre el seguimiento ilegal a la competencia del banco por encargo, presuntamente, de su presidente Francisco González; la de Pérez-Maura, sobre la promesa engañosa de Villarejo al empresario naviero de que le ayudaría a superar sus problemas con la Justicia guatemalteca...y así hasta ocho más.

Villarejo trata de justificar que realizó esos trabajos como agente encubierto del Estado. Sin embargo, las pesquisas apuntan a que lo habría hecho para su propio beneficio personal.

El papel de García Castaño

En ese entramado delictivo, García Castaño tendría el papel de conseguidor de información confidencial. Según expuso el instructor en la comisión rogatoria enviada al Consejo de Ministros, el comisario habría facilitado a Villarejo "datos bancarios y tributarios de carácter secreto y listados de tráficos de llamadas telefónicas de terceros, información cuyo acceso es restringido y precisa de autorización judicial con fines de investigación y enjuiciamiento de delitos graves". De ahí que esté investigado por los presuntos delitos de organización criminal, revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales.

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Sin embargo, el Gordo habría accedido a toda esa información por su condición de jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), clave para intervenir las comunicaciones de terroristas en los peores años de ETA o para captar a peligrosos delincuentes, lo que explica que tuviera comunicación directa tanto con las compañías telefónicas como con los bancos.