Dos investigaciones han avanzado a la par desde enero de 2019 sin salir a la luz: la del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se intenta aclarar si el BBVA contrató los servicios del comisario José Manuel Villarejo para espiar a quienes habrían intentado asaltar el poder de la entidad desde la cúpula de potentes empresas en connivencia con miembros del Gobierno de Zapatero, y una auditoría interna del propio banco para aclarar qué ocurrió y depurar responsabilidades.
De la segunda, en la que trabajan la consultora PricewaterhouseCoopers y los despachos Uría Menéndez y Garrigues, todavía no se sabe nada. Será difícil que sus resultados trasciendan a la opinión pública. De la investigación judicial, bajo secreto por procedimiento reforzado, llegan las primeras citaciones.
El juez Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional tomará declaración entre el próximo jueves y viernes a ocho investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, entre ellos Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del BBVA y policía retirado, Ángel Cano, exconsejero delegado del banco, y otros seis altos cargos de la entidad, la cúpula elegida por Francisco González, presidente hasta 2018.
¿Quién dio la orden?
La declaración en sede judicial más esperada es la de Corrochano, el hombre que habría contratado los servicios del comisario Villarejo para que, según se investiga, se hiciera con el tráfico de más de 4.000 llamadas telefónicas de personas como Luis del Rivero, presidente de Sacyr, el empresario Juan Abelló o el exministro de Energía Miguel Sebastián, asesor económico de José Luis Rodríguez Zapatero entre finales de 2004 e inicios de 2005, momento en que presuntamente ocurrieron los hechos.
Francisco González (FG) y sus colaboradores habrían identificado a estas personas a las que presuntamente se hizo un seguimiento ilegal como el "grupo hostil" que, según sospechaban, intentaban entrar en la entidad y sacar de sus puestos a los principales responsables.
Sólo Corrochano puede aclarar quién le dio la orden de contratar los servicios de Villarejo a los que éste puso un precio de 10 millones de euros. Sólo él puede afirmar si fue González quien le dio la orden y las directrices.
Corrochano, que antes de trabajar para el BBVA fue Comisario General de Policía Judicial y Jefe Superior de Policía de Madrid, dijo a Villarejo que "Ángel (Cano) y mi presi (FG)" eran los destinatarios de los informes encargados al comisario a través de su empresa Cenyt, según publicó Moncloa.com.
Así lo recogió el propio Villarejo en la ingente mediateca de todas sus conversaciones requisada por la Unidad de Asuntos Internos en su domicilio. A raíz del contenido de dichas grabaciones se abrió una pieza del caso Tándem o caso Villarejo dedicada únicamente al presunto espionaje ilegal para el BBVA.
En el marco de ésta, además de Corrochano y Cano, la lista de cargos de BBVA en época de González citados a declarar la completa Ignacio Pérez Caballero, director de Banca Comercial; Javier Malagón Navas, director de Finanzas; Antonio José Béjar González, director inmobiliario, Ricardo Gómez Barrero, responsable de contabilidad, Nazario Campo, del equipo de Seguridad e Inés Díaz-Ochagavía, la segunda de Corrochano en Seguridad.