El magistrado Santiago Vidal, sancionado en 2015 por su activismo independentista mientras ejercía en la Audiencia Provincial Barcelona, ha pedido la jubilación voluntaria, con efectos a partir del próximo 31 de diciembre, en un escrito dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Vidal, que el pasado 15 de julio cumplió 65 años, podría estar en la carrera judicial hasta los 70, edad de jubilación forzosa de los magistrados. El Consejo General del Poder Judicial le destinó hace dos meses al Juzgado de lo Social número 27 de Barcelona después de estar cuatro años fuera del ejercicio jurisdiccional.
El CGPJ le impuso una sanción de tres años de suspensión porque, estando en activo en la Judicatura, participó en un centenar de actos, entrevistas, charlas y manifiestos a favor de la independencia de Cataluña, proponiendo la desobediencia civil y cuestionando la legitimación del Tribunal Constitucional para suspender la consulta independentista del 9N, en la que animó a participar.
Durante la tramitación del expediente disciplinario, el propio Vidal reconoció que formó parte de un grupo de juristas que prepararon un texto articulado de la futura constitución catalana.
Una vez cumplida la sanción (en ese tiempo ERC le promovió al cargo de senador, del que tuvo que dimitir), en marzo de 2018 el órgano de gobierno de los jueces le declaró 'no apto' para volver al ejercicio jurisdiccional.
El Consejo consideró acreditado que, con posterioridad a los hechos por los que fue sancionado, Santiago Vidal participó en más actos públicos en los que alardeó de los preparativos -"ilegales", admitió- de las estructuras de Estado para la futura república catalana. Para el CGPJ, ello reflejaba la "falta de lealtad" de Vidal a la Constitución que debía aplica aplicar como juez.
Fallo del TC
Sin embargo, la declaración de inaptitud de Santiago Vidal para la función judicial fue dejada sin efecto a consecuencia de una sentencia que el Tribunal Constitucional dictó en diciembre de 2018.
El TC estimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo y expulsó del ordenamiento jurídico la norma que permitía al CGPJ apreciar la inaptitud de los jueces. El Constitucional argumentó que, tal como estaba redactada por el legislador, esa norma no permitía saber cuál era la conducta exigible para obtener la declaración de aptitud ni en qué situación quedaba el juez al que se le denegaba, cuándo podía volver a solicitar el reingreso o cómo podía justificar la aptitud una vez que no se le había concedido.
Vidal concursó y obtuvo un destino en Barcelona, en el que continúa en la actualidad.
El pasado abril, el Promotor de la Acción Disciplinaria el CGPJ, Ricardo Conde, le abrió otras diligencias por una posible falta grave de desconsideración a funcionarios judiciales, eventualmente sancionable con una multa de 501 a 6.000 euros.
Las nuevas actuaciones disciplinarias contra Vidal, todavía pendientes de resolución, se deben a unas declaraciones que hizo el 12 de marzo a una emisora de radio en las que afirmó que la letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "no dijo toda la verdad" y "exageró muchas cosas" cuando compareció ante la Sala Penal del Supremo durante el juicio del 'procés'.
También habló del titular de ese Juzgado, el fallecido magistrado Juan Antonio Ramírez, principal investigador de los preparativos del referéndum ilegal del 1-O y de la creación de estructuras de estado por el Gobierno catalán de Puigdemont. Vidal afirmó que Ramírez "hizo todo lo necesario, fuera legal o no, sabiendo que él no tendría que pagar ningún precio porque sabía que el pronóstico de su enfermedad era muy grave y moriría".
Vidal fue investigado por Ramírez en el marco de ese procedimiento referido a la organización del 1-O. La nueva instructora, Alejandra Gil, dictó el pasado 4 de abril un auto de procesamiento en el que excluyó al juez Vidal.