Han pasado ocho años desde que el pequeño pueblo malagueño de Arriate recibiera la agridulce noticia de la condena a Rubén Vega Ramírez El Vaca, de 17 años, a ocho años de internamiento por el asesinato de la niña de 13 años María Esther Jiménez Villegas, a quien el joven desfiguró el rostro y el cráneo con una piedra y la dejó abandonada en una parcela a 200 metros del municipio donde ésta residía con sus padres, muriendo de agonía.
Según la investigación, el joven quiso mantener relaciones sexuales con la niña, ella se negó y la golpeó en distintas ocasiones. Nunca reconoció los hechos, pero los restos de ADN confirmaron su autoría.
Esta semana, ya con 26 años, Vega Ramírez acaba de disfrutar de su último permiso y el próximo 29 de agosto quedará en libertad tras cumplir la pena íntegra a la que fue condenado: ocho años de internamiento en régimen cerrado, el máximo contemplado en la Ley Penal del Menor, y cinco de libertad vigilada tras cumplir la condena, que empiezan a contar desde el último día de este mes.
Ni rastro de la indemnización
Los familiares de la víctima, a los que el condenado todavía no ha pagado la indemnización de 220.000 euros a la que también fue obligado, consideran que la Ley del Menor no es todo lo dura que debiera. Un debate que vuelve a la palestra cada vez que ocurre un suceso de estas características y por el que padres de víctimas como Marta del Castillo llevan años reclamando una reforma de la ley orgánica para endurecer las penas para los menores que cometan homicidio o asesinato.
Auto libertad por cumplimiento de condena de Rubén Vega Ramírez.
El anterior Gobierno de Rajoy, con Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, tenía previsto endurecer la Ley del Menor pidiendo que se enjuicie con las mismas penas a mayores y menores de edad implicados en un mismo delito.
La falta de mayorías en el Congreso haría prácticamente imposible en este momento sacar adelante la reforma de una ley orgánica como ésta, aunque el Gobierno de Sánchez también presentó en enero el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia para proteger a los niños y adolescentes de graves delitos, sean cometidos por adultos o menores de edad. Dicho proyecto contempla, por ejemplo, la medida de que la prescripción de los delitos no empiece a contar hasta que la víctima cumpla 30 años.
Medidas de vigilancia
En el caso del asesinato de la niña María Esher, el titular del Juzgado de Menores número 1 de Málaga ya ha comunicado a la prisión el día del cumplimiento de la condena de Vega, aunque aún tiene que determinar las medidas de libertad vigilada.
Éstas pueden consistir en comparecencias en un juzgado y prohibición de ausentarse de su domicilio, seguimiento psicológico de pautas socioeducativas o cumplir con programas de formación.
Precisamente el régimen de privación de libertad en los casos de menores condenados es otro de los puntos de controversia pública. Según trasladan expertos en Derecho penal a EL ESPAÑOL, lo habitual es que cuando los condenados alcanzan la mayoría de edad en un centro de menores, sigan cumpliendo condena en éste hasta los 21 años. A partir de ese momento, y dependiendo de la gravedad de los delitos, también es habitual que se continúen cumpliendo las penas en un régimen de semilibertad.
Éste es uno de los puntos que más critican los familiares de las víctimas aunque los expertos recuerdan que tanto las penas máximas (8 años) como la decisión sobre si los condenados pasan o no a una prisión se fijan sobre la convicción de la rehabilitación del menor y su adaptación a la sociedad. En este sentido, recuerdan que precisamente este espíritu es el que marca que las penas sean menos severas que para los adultos.