El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga a los tres expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Esperanza Aguirre, por participar en la financiación "opaca y fraudulenta" de las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008 del Partido Popular en cuanto a los actos celebrados en Madrid.
En el auto en el que los cita a declarar entre los próximos 1 y 19 de octubre, el juez otorga un papel relevante en la presunta financiación irregular del partido a Esperanza Aguirre, quien considera que planeó las fórmulas para eludir los límites económicos de las leyes electorales. Sitúa también al expresidente Ignacio González, el exconsejero Francisco Granados y al extesorero del partido, Beltrán Gutiérrez, como quienes "ocuparon un papel decisivo y esencial en la toma de decisiones, entre otros miembros del Comité de Campaña aún no determinados".
Según la resolución, Esperanza Aguirre "desde su condición de candidata, presidenta del Gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus Consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid".
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Empresarios y fondos públicos
Según el instructor del caso Púnica, la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción "viene revelando indicios" de los distintos modos que la formación utilizó para ocultar el origen de los fondos para sus actos de campaña que "llegaron a supera en más del 50% el límite de gasto permitido".
Según dichos indicios, "en paralelo a la contabilidad que presentó en cada campaña ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, el investigado Beltrán Gutiérrez llevaba también una 'contabilidad B' donde sí se reflejaban los verdaderos gastos de las campañas, el origen de los fondos aplicados y la forma en que el PPCM afrontaba el pago de los mismos".
Unos pagos que el exconsejero Granados reflejó en una agenda incautada en los registros de su domicilio una vez fue detenido por su imputación en otras piezas del caso y en la que reflejó bajo la indicación in y out el dinero que aportaron distintos empresarios para financiar ilegalmente al partido. Dicho hallazgo, su declaración, y la de otros testigos e investigados en el caso ha permitido a la Fiscalía Anticorrupción reunir indicios sobre los métodos concretos de financiación.
Según el juez, el PP recibió por un lado pagos de empresarios que después eran adjudicatarios de contratos públicos en la Comunidad de Madrid, como habría sido el caso de la empresa Indra, investigada como persona jurídica en el caso y también su expresidente, Javier Monzón, como persona física.
Por otro lado, la formación política habría encargado trabajos a empresas como Back RVS Producciónes Culturales Comunicación y Servicios SL, Over Marketing y El Laboratorio de Almagro, "con el propósito de obtener el mayor despliegue y visibilidad en el proceso electoral" y éstos habrían pasado sus facturas "a quien se les indicaba desde la gerencia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, desglosando los importes para que parte de la facturación fuera por el circuito declarado a la Cámara o al Tribunal de Cuentas y otra parte fuera opaca". De ahí que los dueños de dichas empresas también estén investigados.
Esos empresarios habrían girado facturas ficticias también para Fundescam, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, cuyas subvenciones, recibidas de fondos públicos de la Comunidad de Madrid, costearon también las campañas electorales, según los indicios a los que se refiere el juez García-Castellón.
Tras recibir el auto de imputación, la expresidenta Aguirre envió este lunes un comunicado a la agencia Europa Press en el que afirmó que declarará "con mucho gusto" para defender su inocencia y se desvinculó de la trama Púnica, así como dijo que los indicios recogidos en el auto del juez son "falsos".
Cifuentes y Arturo Fernández
Precisamente la expresidenta Cristina Cifuentes presidía la asociación Fundescam en el año 2007, cuando el empresario Arturo Fernández, dueño del grupo Cantoblanco, habría efectuado dos aportaciones de 160.000 euros al PP madrileño por medio de donaciones efectuadas a dicha fundación, según el auto del juez.
Después, según los indicios recabados por la Fiscalía y que el juez acoge, "dichas donaciones se gratificarían a través de la adjudicación desde la Asamblea de Madrid" a sus empresa del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Cámara regional.
El juez también ve indicios de que Cifuentes participó en el "concierto para asegurar la adjudicación del contrato al Grupo Cantoblanco" primando criterios subjetivos a los objetivos, puesto que presidía la mesa de contratación. Por estos hechos, el juez cita también como investigada a Cristina Cifuentes en la pieza 9 del caso Púnica.