El caso Villarejo empieza a conducir a la Audiencia Nacional a los investigados 'colaterales' por facilitar al comisario investigado que continuara con sus trabajos sucios a través de la empresa Cenyt. El juez Manuel García-Castellón tomará declaración este jueves a cinco personas a los que investiga por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos.

Se trata de tres funcionarios de policía, un técnico del Ministerio de Hacienda y un trabajador del BBVA que tendrán que explicar al juez por qué facilitaron datos confidenciales, según sostiene la Fiscalía, a la empresa de Villarejo sobre los fundadores del despacho de abogados Balder IP Law, competencia del despacho Herrero & Asociados.

Los dueños de éste último contrataron los servicios privados del comisario, entonces en activo, para conocer los pasos del equipo jurídico que resultó de una escisión de su empresa y de los que sospechaban que "se habían llevado de forma ilegítima la información de las bases de datos de su despacho, principalmente de sus clientes a los que estarían intentando captar", según el sumario de la causa. Un encargo por el que el comisario entonces en activo y su socio Rafael Redondo facturaron más de 600.000 euros.

¿Conocían el destinatario?

Todos los citados a declarar por delitos penados con hasta seis años de prisión (hasta 4 el de cohecho y dos el de descubrimiento y revelación de secretos) tendrán que explicar ante el juez si efectivamente hicieron esas consultas, por qué las hicieron, si alguien se lo ordenó, si cobraron algo a cambio, si conocían quién era el destinatario de dichas informaciones confidenciales y para qué las quería.

Un informe policial de septiembre de 2018 determinó, según recoge la Fiscalía en un resumen remitido al juez el pasado 12 de agosto, que el funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Antonio Chaparro Luque fue la "única persona que accedió a los datos y pudiera haber aportado dicha información reservada a Enrique García Castaño (exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional investigado en otras piezas de la causa) y éste posteriormente a José Manuel Villarejo". Se referían a información tributaria sobre miembros del despacho Balder IP Law al que el juez ha dado la oportunidad de declarar como afectados a finales de septiembre.

Anticorrupción pidió que tanto Chaparro Luque como García Castaño declararan como investigados por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y el juez les ha citado este jueves.

También pasarán por el juzgado el juzgado un subinspector de policía cuyo nombre se desconoce, el funcionario de policía Manuel Novoa y el trabajador del BBVA César Bilbao Delgado por facilitar información confidencial a Villarejo y sus colaboradores. En el segundo caso, fue el propio banco quien aportó un informe al juzgado que concluía que el trabajador había realizado consultas sobre datos confidenciales relativos a préstamos y otra información bancaria de los miembros de Balder IP Law.

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