Los vecinos de Chamartín, en Madrid, luchan por proteger lo que consideran el segundo pulmón verde después del parque de Berlín del barrio del norte de Madrid. Se trata de los jardines y el huerto del antiguo convento de las Damas Apostólicas, situado en el Paseo de la Habana, próximo al estadio Santiago Bernabéu, y que supone un oasis de vegetación y uno de los pocos vestigios de los terrenos agrícolas de la zona que quedan en pie, con 500 árboles. El Gobierno de Manuela Carmena, poco antes de abandonar Cibeles, modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitiendo la edificabilidad en la zona ajardinada del recinto de 17.000 metros cuadrados.
El convento de estilo neomudéjar data de 1929 y las monjas de la congregación lo vendieron en 2017 a la empresa Global Alchiba, que puso en marcha un proyecto de construcción de una residencia para estudiantes internacionales con unas 800 plazas.
Cuando el nuevo propietario comenzó a derruir la estructura del convento en junio de 2017, los vecinos del barrio, a través de la Asociación Defensa del Patrimonio de Chamartín de la Rosa y con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se movilizaron para evitar la demolición del edificio, protegido como otros históricos por la Ley 3/2013 de la Comunidad de Madrid. Consiguieron paralizarla en 24 horas.
El edificio, sin embargo, no se incluyó en el catálogo de conventos anteriores a 1936 del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de las repetidas peticiones de los vecinos y expertos. La Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid lo declaró Bien de Interés Protegido (BIP) pero dejó fuera de esa protección los huertos y jardines.
A día de hoy, los vecinos se quejan de que ni el Ayuntamiento ni la empresa propietaria se encargan del mantenimiento del espacio, que aseguran se encuentra con los espacios verdes descuidados y el edificio demolido en parte. Fuentes de la propiedad explican a EL ESPAÑOL, sin embargo, que "trabaja con el mismo jardinero que estuvo trabajando para los anteriores dueños, las monjas". Y, sobre el edificio, afirman que está "sin licencia de construcción y no pueden hacer nada con la estructura (en su día, tras la demolición parcial, la propiedad realizó trabajos para estabilizar la fachada, para que no se caiga, pero las autoridades no permiten hacer más)", explican.
"El ejemplo es el Edificio España"
El Ayuntamiento de Carmena, con la concejal Rita Maestre al frente de las decisiones, se mostró en marzo de 2018 favorable a que "la protección se extienda automáticamente a la totalidad de la parcela". Sin embargo, en mayo de 2019, en una decisión in extremis antes de abandonar el consistorio, modificó el PGOU y permitió la edificabilidad en las zonas ajardinadas.
Para el grupo municipal socialista, que ha presentado alegaciones contra dicho plan dentro del plazo abierto este verano, el área de Maestre "siempre fue por libre en decisiones de Urbanismo, ya que era la concejalía más liberal y proclive al desarrollo económico por encima de otras consecuencias", explica Mercedes González, concejal socialista encargada del Área de Desarrollo Urbano dentro de su partido. Encuadra la decisión del Ayuntamiento de Carmena en una falta de exigencias a la empresa constructora.
"El desarrollo económico es compatible con la conservación de espacios históricos y verdes", sostiene González, que se remite al ejemplo del Edificio España donde la cadena Riu ha construido un nuevo hotel en la plaza de España conservando la estructura del emblemático edificio original. "Si se hubiera permitido a los compradores hacer lo que pretendían con el edificio, no se habría conservado la fachada. Hay que hacer ver a los propietarios de las Damas Apostólicas que el convento y los jardines son un conjunto, no se pueden entender por separado y tienen que encontrar una fórmula para conservarlos, aunque eso implique reducir parcialmente su beneficio económico", defiende.
Cuando en Chamartín había huertos
En este mismo sentido se manifiesta Paulino Baena, miembro de la Asociación Defensa del Patrimonio de Chamartín de la Rosa y vecino de la zona, quien defiende que sería muy positivo para el barrio que se de un uso cultural o social al espacio respetando los jardines y haciéndolos accesibles a los vecinos. "Aquí escasean las zonas verdes y éste es uno de los pocos ejemplos de las unidades agropecuarias que antaño había en Chamartín, zona agraria y de huertos en los años 20 y 30", explica.
Baena, como portavoz de los vecinos que han llevado el caso a los tribunales por la vía contencioso-administrativa y están pendientes de una resolución de la Audiencia de Madrid, recuerda que los jardines y el huerto de Paseo de la Habana abastecían a las monjas y hasta hace unos años también han sido un lugar de retiro espiritual para mucha gente.
En campaña electoral, la asociación trató el asunto con el candidato popular al Ayuntamiento, ahora alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien se mostró a favor de proteger el espacio verde igual que el edificio principal.
La versión de la propiedad
Fuentes de la empresa propietaria que pretende poner en marcha el proyecto defienden que en ningún momento han tenido la pretensión de talar todos los árboles del espacio, sino mover de sitio los que se vean afectados por el proyecto y quizá talar alguno que esté en mal estado. "No hay 500 árboles, sino 450 y 27 de ellos están muertos. Entre los que quedan, no todos son árboles, sino que también hay palmeras y arbustos", explican a este diario.
También defienden que "no es un jardín histórico sino campos de cultivo que se han modificado varias veces, y que en 2004 las monjas convirtieron en jardín.
Ahora, la decisión de dejar avanzar el proyecto está en manos del Consistorio, que tendrá que estudiar las alegaciones presentadas por la asociación vecinal y también por la asociación en defensa del patrimonio histórico Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Ecologistas en Acción y el Grupo Municipal Socialista contra la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el equipo de Carmena.
Los propietarios de Global Alchiba sostienen que, si el Ayuntamiento decide expropiarles, "como pretenden los vecinos" para dejar el espacio en manos de los madrileños, ese cambio tendría un coste de al menos 71 millones de euros, que fue el precio fijado por una tasadora oficial para el recinto.