La fiscal general, María José Segarra, tiene ya encima de la mesa la propuesta de sanción formulada por el instructor del expediente disciplinario abierto contra el fiscal jefe de Orense, Florentino Delgado, por su actuación en relación con una denuncia interpuesta contra el exalcalde de la ciudad, Manuel Cabezas, del PP.
Juan Ignacio Campos, que ostenta la máxima categoría de la carrera (fiscal de Sala), considera que Delgado debe ser sancionado por dos faltas muy graves y otras dos de carácter grave por las que propone un total de 10 meses de suspensión y 6.000 euros de multa.
La propuesta sancionadora, de ser aceptada por Segarra, le puede costar el cargo a Delgado, que fue promovido a fiscal jefe de Orense en octubre de 2004 y se encuentra en la última etapa de su tercer mandato.
Los expedientes disciplinarios son infrecuentes en la Fiscalía pero, cuando se producen, la reacción de una institución cuya misión es defender la legalidad suele ser contundente. Desde 2016 se han resuelto cinco expedientes, según datos extraídos de las memorias anuales. Tres de ellos se refirieron a retrasos en la tramitación de asuntos, que en todos los casos fueron calificados como falta grave y se saldaron con sanciones de multa (dos) y suspensión (uno). En el cuarto se produjo la expulsión de la carrera de un fiscal, Emilio Valerio, por incumplir el régimen de incompatibilidades. Sólo uno de los cinco expedientes fue finalmente archivado.
El fiscal superior, falta leve
Es aún más insólito que la actuación disciplinaria afecte a fiscales jefes. El expediente a Delgado ha arrastrado a Fernando Suanzes, fiscal superior de Galicia, aunque en su caso el instructor aprecia únicamente una falta leve por no haber vigilado más estrechamente al fiscal jefe de Orense. La propuesta elevada a Segarra es una sanción de advertencia para Suanzes.
Los hechos se refieren a una denuncia que la exconcejal socialista de Orense Aúrea Soto presentó contra el exalcalde Cabezas por no reclamar para la administración local las cesiones urbanísticas a que estaban obligados varios promotores inmobiliarios.
Los abogados de Soto, quejosos por los continuos aplazamientos de la investigación, que atribuían al fiscal jefe de Orense, lo denunciaron ante Suanzes, que ordenó abrir unas diligencias pero las dejó en manos del propio Delgado.
Éste llamó a declarar hasta cinco veces a uno de los abogados denunciantes e incluso le apercibió de que sería detenido si no comparecía, una actuación que el fiscal de Sala Campos considera particularmente impropia.
El instructor sostiene que Delgado incurrió en faltas muy graves consistentes en "ignorancia inexcusable en el cumplimiento del deber" y no abstenerse en la investigación de la denuncia por los retrasos, que le afectaba a él mismo.
También aprecia dos faltas graves de abuso de autoridad y desconsideración con la denunciante y sus letrados.
Expediente por la vivienda
Florentino Delgado tiene abierto un segundo expediente por negarse a abandonar una vivienda que la Xunta de Galicia alquiló para el fiscal jefe de Orense en 2004 como incentivo para solicitar la plaza y permanecer en ese destino.
A consecuencia de la crisis económica, la Administración gallega decidió en 2016 rescindir el contrato de arrendamiento con el particular que era dueño de la casa y así lo notificó a Delgado, pese a lo cual el fiscal no la desocupó. El propietario acabó demandando a la Xunta y el pleito trascendió a los medios de comunicación.
Delgado, que fue suspendido provisionalmente de funciones el pasado abril, recibió antes del verano el pliego de cargos en relación a este expediente, en el que aún no se ha formulado propuesta de resolución porque se están practicado las pruebas pedidas por el expedientado.