La exalcaldesa de la localidad madrileña de Camarma de Esteruelas, Consuelo Mendieta Coronado, se enfrenta a una petición de seis años de prisión por evitar que un arquitecto técnico que se presentó a un concurso-oposición del consistorio y que obtuvo la mejor puntuación en el examen se quedara con el puesto.
Este lunes está previsto que se celebre en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Mendieta y contra María del Carmen Ortiz Blasco y Javier Ortiz de la Vega, secretaria-interventora y vicesecretario del mencionado ayuntamiento que se habrían organizado con la alcaldesa popular para amañar el proceso y evitar que el candidato que mejor realizó las pruebas ocupara el cargo.
El examen en un cajón
Según la Fiscalía de Madrid, el 14 de noviembre de 2006 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas aprobó las bases para la provisión de una plaza de funcionario arquitecto técnico. A las pruebas selectivas de concurso-oposición se presentó el denunciante J.C.V., quien realizó los tres ejercicios de la primera fase obteniendo en las dos primeras más puntuación que el otro aspirante.
El resultado del tercer ejercicio no se publicó y quedó en manos de María del Carmen Ortiz Blanco y de Consuelo Mendieta, que aseguraron que "se había extraviado" según el Ministerio Público, pero que en realidad habían escondido en un cajón del despacho de la alcaldesa. Aún así, los otros tres miembros del tribunal propusieron a J.C.V. para que se le asignara la plaza "por el ser el candidato con mayor puntuación global".
Insistencia contra el funcionario
Pasados los años, "para justificar la no publicación del resultado del tercer ejercicio, los tres acusados se habrían puesto de acuerdo". Así, Javier Ortiz de la Vega, "por indicación de Consuelo Mendieta, elaboró el 22 de enero de 2010 un informe que posteriormente firmó María del Carmen Ortiz Blasco, haciendo constar que la fecha de su expedición era el 30 de junio de 2009, poniendo de manifiesto que el Tribunal de tal proceso selectivo no estaba legalmente constituido, al no haber estado presente la
secretaria en la apertura de las plicas del tercer ejercicio ni en su corrección, ni poder dar fe del resultado final del mismo".
Para evitar que se otorgara la plaza de arquitecto a J.C.V. la exalcaldesa acordó mediante una resolución de 2011 anular la composición del Tribunal calificador "nombrando un nuevo Tribunal y convocando a los dos candidatos
declarados aptos en el primer y segundo ejercicio para realizar nuevamente el tercer ejercicio, que no llegó a celebrarse al ser impugnada la referida resolución", reincidiendo en su empeño porque el arquitecto J.C.V no se quedara con la plaza. Sin embargo, en febrero de 2012, con ocasión del cambio de gobierno, apareció una
carpeta con el tercer ejercicio del proceso selectivo entre los documentos del despacho de Consuelo Mendieta Coronado y allí estaba el examen.
Finalmente, gracias a un decreto de la alcaldía, J.C.V. fue nombrado en 2015 funcionario de carrera como arquitecto técnico, en ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Madrid.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita seis años de prisión y 19 de inhabilitación para la exalcaldesa Mendieta por prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento oficial.
En el caso de los otros dos funcionarios, la acusación pública pide seis años de cárcel y 10 de inhabilitación para María del Carmen Ortiz por infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento oficial y cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación para Javier Ortiz por falsedad.