El temor a micros ocultos hizo que los jueces cambiaran de despacho para resolver sobre Franco

Las filtraciones que han rodeado el proceso iniciado por los nietos de Franco contra la decisión del Gobierno de exhumarle del Valle de los Caídos llevaron este martes al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, a cambiar el lugar habitual de deliberación de la Sección Cuarta, a la que correspondía dictar sentencia.

La Sección, integrada por Jorge Rodríguez-Zapata, Segundo Menéndez, Pablo Lucas, Celsa Pico, Pilar Teso y José Luis Requero,  ha tomado todas las decisiones relativas a este proceso por unanimidad, pero ha tenido que acostumbrarse a ver que lo que iba a decidir aparecía por anticipado -y normalmente con acierto- en los medios de comunicación.

El temor a filtraciones disuadió al ponente, Pablo Lucas, de distribuir un borrador de sentencia entre los magistrados la pasada semana. Lucas llevó el documento a la deliberación, lo que agilizó su desarrollo.

Este martes, cuando los magistrados estaban a punto de iniciar el debate, Díez-Picazo se presentó en la sala y les invitó a trasladarse a un emplazamiento cercano para garantizar la confidencialidad de la deliberación y por si había micrófonos ocultos. La medida había sido comentada previamente con Rodríguez-Zapata, presidente de la sección.

En los últimos meses se ha incrementado las sospechas de que los jueces del Supremo están siendo 'espiados'. El pasado julio, el CNI avisó al Consejo General del Poder Judicial de que se habían producido accesos no autorizados a cuentas de correo electrónico de los miembros del tribunal del 'procés', que se encuentran en plena deliberación de la sentencia.

El Cendoj, centro tecnológico del Consejo General del Poder Judicial, admitió que "una serie de cuentas" del dominio @poderjudicial y @cgpj presentaban "debilidades" que iban a ser abordadas para evitar futuros ataques. Y la fiscal de delitos informáticos, Elvira Tejada, ha denunciado en los Juzgados el 'hackeo' de las cuentas oficiales de los jueces del 'procés'.