El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, tendrá que acudir a declarar este miércoles ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga desde finales del pasado año la presunta participación del letrado en una operación de blanqueo de cerca de 900.000 euros procedentes del narcotráfico, según los investigadores.
Funcionarios de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional han registrado a lo largo de este lunes tanto el domicilio particular como el bufete de Boye por orden de Tardón y en coordinación con la Fiscalía Antidroga. El letrado no ha sido detenido.
Los indicios contra Boye han surgido en el marco de la Operación Mito, llevada a cabo en febrero de 2018 y que condujo a la detención de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco; su número dos, Luis Enrique García Arango, y otros cuarenta presuntos miembros de su organización, a los que se atribuye haber intentado introducir en Europa cuatro toneladas de cocaína. Boye ha sido hasta hace dos semanas el defensor de Sito Miñanco.
Fuentes conocedoras de la investigación han explicado que la red de Miñanco utilizaba a muleros para sacar dinero en efectivo de España y transportarlo a Colombia. Varios ciudadanos de este país fueron interceptados en el aeropuerto de Madrid-Barajas con cerca de 900.000 euros que fueron requisados.
Según los investigadores, los muleros colombianos habrían acudido al despacho de Boye para obtener contratos y letras de cambio inauténticas con las que justificar ante el Tesoro la procedencia legal del dinero intervenido.
"Abogado Boye"
Hace dos semanas, Boye envió a la instructora un escrito en el que, sospechando que estaba siendo investigado, explicaba que se había limitado a realizar una actuación profesional y restaba credibilidad a uno de los implicados, organizador del sistema de transporte del dinero, que ha declarado contra el letrado.
El coinvestigado ha manifestado que fue Arango el que entregó los 900.000 euros que que los muleros tenían que llevar a Bogotá y ha asegurado que, cuando los fondos fueron descubiertos y requisados, se indicó a los colombianos que tenían que dirigirse a Boye para que éste les facilitara la documentación que lavaría el dinero.
Además de esa declaración incriminatoria, en los registros practicados en febrero de 2018 aparecieron documentos que mencionaban al "abogado Boye".
El escrito que el también letrado de Puigdemont envió al Juzgado no surtió ningún efecto e incluso la Fiscalía Antidroga lo consideró un "fraude de ley" al estar orientado no a la defensa de Miñanco sino a su autoexculpación. Boye optó días después por dejar de representar al narcotraficante.
Las fuentes consultadas indicaron que la actitud del letrado durante los registros ha sido "colaboradora" y ha dado explicaciones que se han recogido en las actas.