El Grupo contra la Corrupción, contra el cupo de acceso a la Guardia Civil para hijos del cuerpo

El último informe de evaluación sobre España elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) recomienda al Gobierno "reconsiderar" el sistema de cupos que se reserva para que accedan a la Guardia Civil los hijos del Cuerpo.

El informe, hecho público este lunes, es fruto de la quinta ronda de examen sobre las medidas que se aplican en España para prevenir y perseguir la corrupción, esta vez en el ámbito específico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los altos funcionarios del Gobierno central.

España es miembro del GRECO desde 1999. Desde entonces ha evaluado el funcionamiento de los organismos nacionales dedicados a la lucha contra la corrupción, la legislación en esta materia, la transparencia de la financiación de los partidos o la prevención de la corrupción respecto al Parlamento, el Poder Judicial y la Fiscalía.

La evaluación correspondiente a las Fuerzas de Seguridad (limitada a los cuerpos nacionales, ya que no menciona a las policías autonómicas) ha sido realizada, entre otros expertos, por mandos de asuntos internos de la Policía del Reino Unido y Croacia, que estuvieron en España.

El informe destaca que, de acuerdo con las encuestas nacionales, las Fuerzas de Seguridad se encuentran entre las instituciones que más confianza merecen en España y "gozan de gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional".

El caso Villarejo

"Esto no quiere decir que no hayan ocurrido episodios de corrupción entre sus filas, uno de los cuales es hoy de gran actualidad en el país", añade en referencia al caso del comisario José Manuel Villarejo, en prisión desde hace dos años.

El caso Villarejo "no es en sí mismo representativo de la profesión, pero ha hecho sonar la alarma sobre la eficacia de los sistemas de control interno. Máxime cuando las irregularidades detectadas se cometieron durante un período de 25 años", considera el GRECO, que remarca que este asunto "ha suscitado preocupación nacional sobre la politización de la Policía", ha puesto de manifiesto "cómo los mecanismos de supervisión no funcionan" y ha demostrado la necesidad de "reevaluar los sistemas de control existentes, especialmente a nivel de altos mandos".

La mayor preocupación del equipo de evaluación es que no ha sido posible "identificar ninguna evaluación estratégica" para saber dónde están los riesgos de comportamientos inmorales y corruptos.

Por ello, una de las recomendaciones del GRECO -que serán objeto de seguimiento y petición de resultados en evaluaciones posteriores- es que la Policía y la Guardia Civil "lleven a cabo una evaluación estratégica de los riesgos existentes en áreas y actividades proclives a la corrupción con el fin de detectar problemas y amenazas emergentes" y se diseñen medidas proactivas en materia de integridad y lucha contra la corrupción.

El dictamen también señala que, a diferencia de la Policía Nacional, la Guardia Civil no tiene un código de conducta como tal, al margen de que su legislación se refiera a los principios generales de dedicación al servicio, ejemplaridad, disciplina, competencia profesional y honorabilidad.

"Amiguismo"

El informe recomienda que la Benemérita "adopte un código de conducta y lo haga público" y que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil "complementen sus respectivos códigos mediante directrices y medidas prácticas de aplicación (por ejemplo, sobre conflictos de intereses, obsequios, uso de recursos públicos, información confidencial, actividades complementarias, neutralidad política, etc.), así como con un mecanismo creíble y eficaz de supervisión y ejecución".

En este marco, el informe explica que el equipo de evaluación tuvo conocimiento del cupo que en el Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil, con sede en Valdemoro (Madrid), se reserva para los descendientes de miembros de la Institución para el acceso a la escala de cabos y guardias.

Los hijos de guardias civiles siguen un curso de iniciación en ese centro que los prepara para las oposiciones de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. En las oposiciones hay un cupo fijo (como máximo, el 7,92 % de los puestos) que se reserva para hijos del Cuerpo.

El equipo de evaluación del GRECO expone sus "fuertes reservas" sobre la "persistencia de este sistema en nuestros tiempos, pues es claramente contrario al principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos a la hora de acceder al servicio público y presenta riesgos significativos de amiguismo y nepotismo".

"Esta práctica también presenta problemas de legitimidad y de percepción pública", añade el informe, que solicita que se "reconsidere".

Otra recomendación relevante es que se revisen los procesos internos de evaluación de méritos y promoción tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil para "mejorar el registro y la publicación de la fundamentación de las decisiones, a fin de establecer un enfoque más objetivo y transparente". Al revisar estos procesos, "debe prestarse especial atención a la integración de las mujeres en todos los niveles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", considera.

Las medallas

También recomienda revisar los criterios y procedimientos para la concesión y retirada de complementos, primas y otros beneficios, "promoviendo así la transparencia, la coherencia y la justicia en su aplicación".

El informe se refiere como "cuestión problemática" a la concesión de medallas y condecoraciones. Explica que durante la visita a España recibió quejas sobre las medallas con distintivo rojo, que conllevan una recompensa económica mientras se está en activo y un aumento de alrededor de un 10% en la pensión de jubilación durante toda la vida.

De 2016 a 2018, se han concedido un total de 510 y 197 medallas con distintivo rojo en la Policía y la Guardia Civil, respectivamente. El equipo de GRECO "escuchó muchas críticas" en las que se alegó que debería haber un modelo objetivo para justificar las concesiones, ya que lo que se percibe es que favorecen a determinados funcionarios.

"Debido a la falta de transparencia, existen dudas y un sentimiento de frustración e injusticia entre el personal de las escalas básicas", señala el GRECO, que menciona las quejas de los sindicatos policiales relativas a la opacidad que rodea a la adjudicación de las condecoraciones, "así como de los gastos producidos en operaciones especiales".

Además, ha habido casos en los que agentes condecorados con medallas con distintivo rojo han sido posteriormente sometidos a procedimientos penales o expedientes disciplinarios y no consta que se les haya revocado la concesión de la medalla ni se les haya retirado la correspondiente compensación económica. La ley no prevé tal opción.